“Son intervenciones abiertas de criminales reconocidos que pretenden incidir en un proceso judicial soberano, afectando la percepción pública y poniendo en riesgo la independencia del juzgador. Emitidas días antes del fallo, dichas declaraciones buscan influir indebidamente en la administración de justicia”.
Con esta afirmación, Víctor Mosquera, abogado internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, alertó sobre la presión que ejercen declaraciones de figuras con antecedentes penales en la antesala del fallo judicial que se conocerá el 28 de julio de 2025. El jurista dirigió su advertencia a las más altas instancias internacionales, solicitando que se garantice la independencia del proceso penal contra el exmandatario colombiano.
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El abogado remitió su llamado a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El contexto se ha visto tensionado por pronunciamientos de figuras como Diosdado Cabello, ministro venezolano, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex máximo jefe de las Farc. En el caso de Timochenko, la comunicación destaca que celebró la posible condena de Uribe Vélez, que, como presidente, combatió con contundencia a las Farc, organización criminal de la que formó parte el exguerrillero.
“Colombia se aproxima a conocer la sentencia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Las víctimas y funcionarios honestos de la rama judicial han tenido que sortear la presión de poderes corruptos y mafiosos que exigen impunidad. El mérito es del senador Iván Cepeda, un hito en la historia republicana de Colombia”.
Por su parte, la declaración de Diosdado Cabello fue aún más agresiva. Según la denuncia presentada por Mosquera, Cabello afirmó: “El 28 de julio, por cierto, entiendo que es el día del veredicto (contra Uribe) (...) vamos a celebrar la condena del Matarife. Vamos a ver a la uribestia”.
Frente a este panorama, Mosquera solicitó a los organismos internacionales, a través de sus representantes, que “exhorten al Estado colombiano a garantizar que el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se desarrolle sin interferencias externas, particularmente de actores criminales o sancionados internacionalmente”. Además, el abogado pidió que se genere una alerta temprana o un pronunciamiento preventivo para evitar que presiones externas, ajenas a la institucionalidad, afecten la decisión judicial prevista para el 28 de julio de 2025.
En la misiva, el togado sostuvo que las declaraciones de Cabello y Londoño deben ser vistas como un intento de desestabilizar el proceso judicial contra el expresidente Uribe Vélez y no como expresiones de opinión pública.
“Estos pronunciamientos no deben ser tratados como expresiones legítimas de opinión pública. Son intervenciones abiertas de criminales reconocidos que pretenden incidir en un proceso judicial soberano, afectando la percepción pública y poniendo en riesgo la independencia del juzgado. Emitidas días antes del fallo, dichas declaraciones buscan influir indebidamente en la administración de justicia, desnaturalizando su imparcialidad e integridad”.
Y agregó: “A la luz de los estándares internacionales, artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la independencia de la judicatura, y el mandato para la Relatoría Especial sobre la independencia de jueces y abogados, prorrogada recientemente por la resolución del Consejo de Derechos Humanos 53/12; la justicia penal debe desarrollarse libre de presiones externas, especialmente cuando proviene de actores con antecedentes criminales de alta connotación internacional. Permitir que estas voces incidan directa o indirectamente sobre el curso de un proceso judicial de alto perfil, socava la integridad institucional y debilita la confianza en el Estado de derecho”.