El ataque armado contra el periodista Gustavo Chicangana, ocurrido en San José del Guaviare el 5 de julio de 2025, provocó el pronunciamiento oficial por parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que rechazó el hecho y ordenó el despliegue inmediato de capacidades operativas e investigativas para dar con los responsables.
El comunicador, director de la emisora Guaviare Estéreo y corresponsal de Caracol Radio en el departamento, fue abordado por un hombre armado mientras se encontraba junto a su esposa cerca de su residencia. Ambos resultaron heridos y permanecen bajo observación médica, sin riesgo vital, según el parte clínico.
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A través de su cuenta oficial en la red social X, el ministro Sánchez declaró: “Rechazamos con firmeza el cobarde atentado contra el periodista Gustavo Chica y su esposa en San José del Guaviare. Atacar a los medios de comunicación es intentar silenciar la verdad y golpear la democracia. Nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y todo el equipo de Guaviare Estéreo. Deseamos su pronta recuperación (sic)”.
En el mismo mensaje, señaló que desde el primer momento, a la Policía Nacional y los organismos de inteligencia activaron todas sus capacidades para avanzar en la identificación de los responsables del hecho, el cual fue calificado como “atentado terrorista”.
Los antecedentes del caso indican que Gustavo Chica había recibido amenazas reiteradas en las semanas previas al atentado. Las intimidaciones habrían sido firmadas por integrantes del grupo armado Renacer Erpac, disidencia de las extintas Farc-EP que mantiene operaciones activas en Guaviare, Meta, Casanare y Vichada.
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Pese a contar con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), el periodista había solicitado una reevaluación del mismo ante el incremento de los riesgos, sin que hasta el momento se hubieran aplicado ajustes significativos.
Organizaciones del sector mediático y defensores de la libertad de prensa también se pronunciaron, por ejemplo, Caracol Radio y Prisa Media América expresaron en un comunicado conjunto su “solidaridad con el periodista y su familia”, al tiempo que exigieron al Estado colombiano “acciones urgentes y eficaces” para garantizar el libre ejercicio del periodismo en territorios con presencia de actores armados.
“Condenamos de manera enérgica el violento atentado del que fueron víctimas el periodista Gustavo Chica y su esposa. Las amenazas más recientes ocurrieron hace cinco días y venían firmadas por Renacer ERPAC (sic)”, advierte el documento.
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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) también denunció la situación de riesgo en la que se encontraba el comunicador. Según esa organización, Chica había solicitado en múltiples ocasiones el fortalecimiento de su esquema de seguridad tras haber denunciado amenazas e intimidaciones, como se menciona previamente.
“Instamos a la Policía de San José del Guaviare a adelantar de manera urgente todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos del atentado ocurrido anoche contra el periodista y su esposa, garantizando su seguridad y la de su familia”, señaló la fundación en su misiva.
Además, pidieron la atención de otras entidades gubernamentales atención a la comunidad y al caso: “Solicitamos a la Gobernación del Guaviare y a la Alcaldía de San José del Guaviare que activen de inmediato rutas de protección efectivas para el periodista y su entorno familiar, y colegas de los medios de comunicación, y que coordinen con la fuerza pública medidas integrales de prevención que aseguren un entorno libre y seguro para el ejercicio de la libertad de prensa en la región”.
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Es importante señalar que el atentado ocurre en una situación crítica de violencia en el departamento, puesto que antes del atentado contra el periodista, se había confirmado el hallazgo de una fosa común con al menos ocho cuerpos en zona rural de San José del Guaviare. Las víctimas, según informaron fuentes oficiales, incluyen líderes comunitarios y religiosos desaparecidos.
La Defensoría del Pueblo ha alertado recientemente sobre hechos como desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, asesinatos selectivos y la aparición de fosas clandestinas, lo que ha incrementado la percepción de riesgo entre los habitantes y periodistas del territorio.
Por esta razón, el mensaje del ministro Pedro Sánchez incluyó, además del rechazo al ataque, un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con grupos armados ilegales.
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