La presencia de líderes de estructuras criminales en un evento público en La Alpujarra, Medellín, junto al presidente Gustavo Petro, el pasado fin de semana sigue generado controversia, luego de que se conociera que el traslado de los jefes de las bandas fue gestionado por la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta.
No obstante, el sábado 28 de junio, la Consejería Comisionada de Paz y la Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional, Medellín y el Valle de Aburrá, emitieron un comunicado conjunto para responder a las inquietudes surgidas tras la participación de estos líderes, quienes se encontraban privados de la libertad en la cárcel de Itagüí y respaldaron la labor de la congresista oficialista.
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En dicha misiva detallaron que Zuleta desempeñó un papel central en la gestión que permitió la presencia de los detenidos en el evento por su calidad de Coordinadora del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, por lo que ella contaba con la facultad legal para entablar diálogos con estos grupos, recogieron en la emisora Blu Radio.
Agregaron que las entidades gubernamentales subrayaron que su función incluía la realización de todos los actos necesarios para abrir conversaciones sociojurídicas con las estructuras armadas que manifestaran voluntad de acogerse al Estado de Derecho, así como la fijación de los términos de sometimiento a la justicia y la construcción de paz en los territorios.
La controversia se intensificó cuando se conoció que los privados de la libertad, trasladados desde la cárcel de Itagüí, fueron reconocidos públicamente por el presidente Gustavo Petro como voceros de las estructuras armadas.
Blu Radio informó que el comunicado oficial aclaró este punto, enfatizando que la participación de los detenidos en el evento no fue una decisión unilateral de la senadora Zuleta, sino el resultado de un procedimiento formal.
Zuleta remitió la solicitud de traslado al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad responsable de autorizar y garantizar la seguridad y custodia de los internos durante su desplazamiento y presencia en el acto.
“Por lo anterior, queda en evidencia que la coordinadora no ordena, solicita a la entidad correspondiente, que es diferente, y lo hace amparada en sus facultades”., citaron del documento.
La polémica se incrementó el sábado luego de que en la revista Semana confirmaran que la senadora estuvo detrás de toda la logística para que los jefes de las bandas pudieran reunirse con el presidente Petro, por la que la mencionada consejería insistió en la legitimidad de la gestión de la congresista.
“La coordinadora está facultada para realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar conversaciones sociojurídicas con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá que demuestren voluntad de transitar hacia el Estado de derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos que establece la ley y construir paz en los territorios”, refirieron en ese medio de comunicación de la misiva oficial.
El procedimiento seguido por la senadora Zuleta consistió en remitir la solicitud de autorización para el traslado de los voceros de estas estructuras armadas al director del Inpec, quien tiene la competencia exclusiva para custodiar a los internos y garantizar su seguridad.
Semana informó que, según las facultades otorgadas por el presidente, la coordinadora actuó dentro del marco legal y no ordenó el traslado de los detenidos, sino que realizó la gestión formal correspondiente.
La defensa del Gobierno hacia la senadora Zuleta se manifestó en la insistencia de que su actuación se limitó a solicitar, no a ordenar, el traslado de los líderes armados.
“Queda en evidencia que la coordinadora no ordena, solicita a la entidad correspondiente, que es diferente, y hace la solicitud amparada en sus facultades”, recogieron del comunicado.