Petro reaccionó a suspensión de la intervención en EPS Sanitas por fallo de la Corte Constitucional: “Una aberración de ese tamaño solo se mantiene comprando la política”

El presidente Gustavo Petro expresó su posición tras la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de suspender la intervención del Gobierno en la EPS Sanitas, generando un debate nacional sobre el futuro del sistema de salud y la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el país.

La decisión judicial, que tumbó la intervención estatal sobre la EPS Sanitas, puso en el centro de la discusión pública la viabilidad del modelo actual de aseguramiento en salud, la responsabilidad de los actores privados y el impacto de las liquidaciones de EPS en la red hospitalaria nacional.

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En su mensaje, el presidente Petro enfatizó que ha intentado evitar la liquidación de EPS durante su mandato, afirmando: “He tratado de evitar la liquidación de EPS y por eso soy el presidente que menos las ha hecho”.

Según el jefe de Estado, la liquidación de una EPS implica que los afiliados sean trasladados a otras entidades por designación oficial, mientras que las deudas acumuladas, originadas por decisiones privadas, se cubren con los activos de la empresa.

Petro subrayó que estos activos, en la mayoría de los casos, corresponden a fondos públicos y resultan insuficientes para saldar la totalidad de las obligaciones financieras, lo que deja un saldo negativo que afecta a la red hospitalaria.

El presidente calificó este proceso como “una gran estafa a la red pública y privada hospitalaria”, recordando casos emblemáticos como los de Medimás, Cafesalud y Saludcoop, así como más de un centenar de EPS que han atravesado procesos similares.

Petro denunció que los propietarios privados de las EPS liquidadas no responden con su patrimonio personal por las deudas pendientes, lo que genera un vacío financiero que perjudica a hospitales y clínicas en todo el país.

En su mensaje, el mandatario explicó que este fenómeno ha provocado una concentración progresiva del sistema de salud en manos de clínicas privadas pertenecientes a los dueños de las EPS.

Estas clínicas, según Petro, se construyen y operan con recursos públicos, ya que los pacientes son remitidos obligatoriamente a ellas. Como consecuencia, “buena parte de los demás hospitales públicos y privados, quiebran”, lo que llevó al cierre de instituciones históricas como el hospital San Juan de Dios de Bogotá y numerosos centros de salud en zonas rurales y urbanas.

Petro también advirtió que el sistema actual consume recursos públicos por billones de pesos y, al mismo tiempo, niega atenciones y contribuye a la quiebra de la red hospitalaria.

El presidente señaló que este modelo exige incrementos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por encima de la inflación real, pero ese sobrecosto no se traduce en una mejor atención para los pacientes ni en el fortalecimiento de las reservas técnicas obligatorias. En cambio, afirmó que “ese sobrecosto lo devora el grupo de propietarios” de las EPS.

Así mismo, denunció la influencia política de algunos actores del sector, mencionando específicamente a Keralty, a quien acusó de haber sido “inconstitucionalmente un comprador de la política”.

Esta afirmación apunta a la presunta utilización de recursos y poder económico para influir en decisiones legislativas y gubernamentales, perpetuando un sistema que, según Petro, resulta insostenible y perjudicial para la mayoría de los colombianos.

En su intervención, Petro advirtió que si el Congreso no aprueba la reforma a la salud propuesta por su Gobierno, el sistema enfrentará una quiebra inminente.

Las aseguradoras financieras o EPS que no cumplan con las reservas técnicas exigidas por la ley deberán liquidarse, lo que reducirá el número de entidades y podría dar lugar a un “cartel de la intermediación privada de la salud”.

Este escenario, según el presidente, estaría financiado por todos los colombianos, que no solo costean la operación del sistema, sino el patrimonio personal de los dueños de las EPS y las grandes rentas que se transfieren fuera del país.

Petro planteó que la nación solo podría cubrir las deudas privadas de las EPS sin reservas técnicas mediante recursos adicionales al presupuesto, lo que implicaría recurrir a deuda pública o exigir mayores aportes a los grandes contribuyentes.

El presidente consideró inconveniente que las empresas del país deban sacrificarse para sostener a unas pocas EPS que no cumplen con los requisitos legales para operar como aseguradoras.

Frente a este panorama, el mandatario defendió la propuesta gubernamental de transformar el sistema de salud, eliminando a las EPS como intermediarias financieras.

En su visión, estas entidades deberían convertirse en gestoras de referencia entre el sistema preventivo y el asistencial, permitiendo que el Estado pague directamente a clínicas y hospitales por los servicios prestados. Además, propuso que los pacientes tengan la libertad de elegir la clínica que les brinde atención médica en su territorio.

Petro abogó por la creación de un sistema universal de atención preventiva y primaria en todo el país, argumentando que “la prevención es el verdadero abaratador del sistema de salud”.

Según datos proporcionados por el presidente, más de 5 millones de familias ya cuentan con cobertura de atención preventiva y primaria en salud, y 90.000 personas fueron contratadas para integrar este nuevo sistema preventivo de primer nivel.

Finalmente, el presidente manifestó su respeto por la sentencia de la Corte Constitucional, la cual, según la información comunicada por el alto tribunal, se refiere a irregularidades procedimentales en la intervención de Colsanitas.

Petro reconoció que, tras la decisión judicial, Sanitas queda libre de intervención y asume la plena responsabilidad de cumplir con las leyes financieras, la conformación de reservas técnicas y el pago de su deuda a la red hospitalaria.

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro reflejan la complejidad y los desafíos del sistema de salud colombiano, así como la urgencia de una reforma estructural que garantice la sostenibilidad financiera, la transparencia y el acceso universal a servicios de calidad para toda la población.