La senadora Paloma Valencia, integrante del partido Centro Democrático, lanzó fuertes cuestionamientos al manejo de las finanzas públicas por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según su análisis, expuesto en una columna de opinión en X, Colombia enfrentará este año un déficit fiscal superior a los 130 billones de pesos, una cifra sin precedentes recientes, exceptuando los efectos extraordinarios de la pandemia.
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Valencia asegura que por segundo año consecutivo el Gobierno incumple la regla fiscal, principio que busca mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. A su juicio, el Ejecutivo ha presentado presupuestos desbalanceados y recurre sistemáticamente a nuevas reformas tributarias para solventar el déficit, aun cuando una propuesta similar fue rechazada por el Congreso en 2023.
La senadora recuerda que el Gobierno ya implementó una reforma en 2022, la cual –según ella– generó una alta carga tributaria para los ciudadanos, incluso afectando a los sectores más vulnerables con impuestos sobre productos de consumo básico.
La congresista también señala que, a diferencia de 2024, cuando el Gobierno habría intentado maquillar el incumplimiento fiscal mediante mecanismos contables como las “transacciones de única vez”, este año habría reconocido abiertamente el rompimiento de la regla fiscal.
En su evaluación, Valencia califica al Gobierno como excesivamente gastador y poco eficiente en la asignación de recursos. Advierte que no se observan grandes inversiones que justifiquen el gasto creciente, y asegura que ha habido una expansión significativa de la burocracia estatal.
En particular, estima que desde 2022 se han creado más de 31.000 nuevos cargos públicos, lo cual implicaría un costo anual superior a los 45 billones de pesos. Solo en 2024, afirma, se habrían creado más de 26.000 nuevos cargos, incluyendo más de 10.000 en la DIAN.
En paralelo, también se ha incrementado el número de contratos de prestación de servicios. De acuerdo con la senadora, en lo corrido de 2025 se han firmado cerca de 374.000 de estos contratos, con un costo aproximado de 16 billones de pesos. Asimismo, sostiene que el presupuesto de personal ha aumentado este año en más de 10 billones de pesos.
Otro de los puntos que destaca en su crítica es el crecimiento de la deuda pública. Valencia afirma que durante la administración de Petro la deuda del país se ha incrementado en un 17,2%, superando por primera vez los 1.000 billones de pesos. Esta cifra equivaldría a más del 63% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representaría una diferencia de 136 billones respecto al límite considerado fiscalmente saludable, que sería del 55% del PIB.
En consecuencia, advierte que Colombia enfrenta un deterioro en su perfil crediticio. Según sus cifras, los títulos de deuda TES estarían pagando tasas superiores al 13%, mientras que los seguros contra impago (CDS) a cinco años presentarían primas 166 puntos por encima de otros países de la región. Para 2025, estima que el país destinará 11 billones de pesos adicionales en pago de intereses, totalizando más de 85 billones.
En este contexto, la senadora advierte que el Gobierno prepara dos nuevas reformas tributarias. La primera, estimada en unos 9 billones de pesos, incluiría impuestos al sector de apuestas digitales, a las iglesias y al sector extractivo, lo cual —según ella— podría impactar nuevamente el precio de los combustibles. También menciona un posible nuevo impuesto sobre los plaguicidas que afectaría al sector agropecuario.
La segunda reforma, con un alcance mucho mayor, rondaría los 65 billones de pesos. Entre las medidas que anticipa, estarían el uso de parte de las contribuciones a las cajas de compensación, la imposición de nuevos parafiscales a las empresas y modificaciones en el IVA y el impuesto al consumo (Ipoconsumo), lo que en su criterio incrementaría aún más la carga tributaria de los ciudadanos.
Finalmente, Valencia asegura que la inversión ha caído en 5,9 billones de pesos desde el inicio del actual gobierno, lo que representa una reducción del 15%. Considera que este deterioro en el clima económico es consecuencia directa del modelo de gestión que ha implementado el presidente. En su análisis, el mandatario estaría más enfocado en impulsar reformas estructurales y cambios constitucionales que en obtener resultados concretos en materia de desarrollo y gobernabilidad.