En medio de la creciente tensión institucional que ha generado la reforma laboral, el expresidente Iván Duque arremetió contra el presidente Gustavo Petro por firmar el decreto que convoca de manera unilateral a una consulta popular sobre el tema, pese a la oposición expresa del Senado.
Y es que el jefe de Estado anunció el miércoles 11 de junio, a través de su cuenta en X, que ya había firmado el decreto que convoca a los ciudadanos a votar sobre el contenido de la iniciativa.
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“Gustavo Petro ha firmado un decreto que viola la independencia de poderes, pasando por encima de una decisión soberana del Senado de la República. La Organización Electoral tiene el deber de negarse a convocar la consulta ilegal, y el Consejo de Estado debe hacer cumplir sus dictámenes. Esperamos que la Corte Constitucional no se preste para este acto arbitrario, que pone en riesgo nuestra democracia. Colombia no es una dictadura, y nadie puede pretender, desde la Casa de Nariño, imponer sus caprichos”, escribió Duque en su cuenta de X (antes Twitter), en una de sus críticas más contundentes al actual mandatario.
Según el anuncio oficial, la consulta se realizaría el 7 de agosto, fecha simbólica por ser el aniversario de la posesión presidencial.
“Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, afirmó Petro en su publicación.
El decreto presidencial ha sido interpretado por sectores políticos y jurídicos como una forma de presionar al Congreso para que apruebe la reforma laboral tal como la concibe el Ejecutivo.
Según explicó el ministro Alfonso Benedetti, la firma del decreto se dio porque el plazo legal para hacerlo vencía ese mismo día. No obstante, aseguró que si la reforma se aprueba mediante concertación legislativa, el decreto se derogará.
En sus declaraciones desde las afueras del Senado, Benedetti aclaró que el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero que hay puntos innegociables: “Las líneas rojas del Gobierno incluyen la eliminación del trabajo por horas, la jornada nocturna desde las 6 o 7 de la noche, el contrato laboral para los aprendices del Sena, y el 100% de los pagos de dominicales”, puntualizó. A pesar de las tensiones, consideró que el ambiente legislativo es favorable para un acuerdo.
Disputa de competencias: Corte Constitucional vs. Consejo de Estado
Uno de los puntos más debatidos en torno al decreto tiene que ver con la competencia jurídica para evaluar su legalidad. Mientras que diversos sectores insisten en que el acto administrativo debe ser controlado por el Consejo de Estado —órgano que tradicionalmente se encarga de revisar la legalidad de los decretos del Ejecutivo—, el Gobierno considera que, al tratarse de un mecanismo de participación ciudadana, la instancia competente es la Corte Constitucional.
En efecto, Petro remató su anuncio en X señalando que: “Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”, dejando claro cuál es la vía jurídica que considera adecuada.
Esta tesis ha sido respaldada por el futuro ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que en declaraciones recientes sostuvo que el control de constitucionalidad sería posterior a la jornada de votación, dado que, según él, solo en ese momento se completaría la voluntad popular sobre la reforma.
Sin embargo, esta interpretación ha sido duramente cuestionada por juristas y sectores políticos, quienes consideran que el presidente ha ignorado una decisión legítima del Senado —que emitió concepto negativo sobre la consulta— y ha asumido funciones que corresponden al Consejo de Estado.