El sábado 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, fue víctima de un atentado en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El ataque, que ocurrió durante un evento de campaña, dejó al político gravemente herido tras recibir tres impactos de bala, y actualmente permanece en estado crítico en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá.
Este suceso remite a los colombianos a las violentas escenas de 1989 cuando Luis Carlos Galán, un influyente candidato presidencial, fue asesinado en Soacha, marcando un hito en la historia del narcoterrorismo en el país. Ambos atentados exhiben similitudes inquietantes, particularmente en las fallas de seguridad que enfrentaron los precandidatos.
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Galán, que había hecho de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción su bandera, fue víctima de un esquema de seguridad precario. Según lo detallaron las autoridades, su protección fue modificada poco antes del ataque fatal. En una descripción por parte del exsenador Juan Lozano, el ambiente controlado se convirtió en uno altamente inseguro debido a la influencia del cartel de Medellín y la complicidad de agentes del Estado. La ausencia de medidas extraordinarias de seguridad, a pesar de las amenazas previas, fue un factor determinante en su asesinato.
En el caso de Miguel Uribe, los reportes revelan otro dramático cambio en su esquema de seguridad poco antes de ser atacado. Gustavo Petro, presidente de Colombia, reveló que el esquema de seguridad del senador fue reducido de siete a tres personas justo el día del atentado. Esta alteración súbita en las medidas de protección, calificada por el mandatario como “extraña”, está siendo investigada actualmente por las autoridades competentes.
La respuesta inadecuada de las entidades encargadas de la seguridad de estos líderes ha sido objeto de críticas contundentes. En el caso de Galán, la falta de control por parte de la fuerza pública y la manipulación de los esquemas de seguridad quedaron evidentes tras su asesinato. Maruja Pachón, cuñada de Galán, recordó las deficiencias en el control del acceso y la seguridad de las plazas públicas durante los eventos de campaña.
Respecto a Miguel Uribe, su familia señaló que el ataque pudo haberse evitado si se hubieran atendido las solicitudes de reforzar su seguridad. El abogado de la familia, Víctor Mosquera, indicó que se presentaron más de 20 peticiones a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para mejorar las condiciones de seguridad del senador, pero estas fueron rechazadas.
Mosquera afirmó que, aunque en 2023 la UNP había clasificado a Uribe Turbay como un individuo con “riesgo extraordinario”, en 2024 no se consideró su candidatura presidencial como un factor para incrementar su protección. La familia presentó una denuncia formal contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, que reconoció que el esquema de seguridad del político era insuficiente.
El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, confirmó que hasta el momento no se tiene conocimiento de amenazas previas contra la vida del senador, que contaba con un esquema de protección mixto compuesto por miembros de la Policía y de la UNP.
En cuanto al crimen del padre del actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, declarado magnicidio por la Corte Suprema de Justicia, marcó un punto crítico en la historia de la violencia política en Colombia. Las investigaciones posteriores revelaron que el esquema de seguridad de Galán también había sido modificado poco antes de su asesinato, lo que dejó al candidato expuesto en un evento multitudinario.
Asimismo, la historia familiar del senador, marcada por la violencia, ha sido evocada por muchos colombianos tras el atentado. El político, de 39 años, es hijo de la periodista Diana Turbay, que murió en 1991 durante un fallido operativo de rescate tras ser secuestrada por órdenes de Pablo Escobar, y nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala.
Luis Carlos Galán y Miguel Uribe Turbay no solo comparten un destino trágico, sino que ambos casos ponen en evidencia las falencias estructurales en el sistema de seguridad colombiano, especialmente en la protección de figuras políticas aún pasados 36 años.