La convocatoria por decreto de una consulta popular, anunciada por el presidente de la República, Gustavo Petro, continúa generando indignación. Así quedó establecido en un fuerte comunicado de un grupo de nueve congresistas independientes de la Cámara de Representantes, que expresó el miércoles 4 de junio de 2025 su desaprobación a través de una carta. En medio de las fuertes voces que han expresado su rechazo a esta iniciativa, desde la corporación también fijaron posición.
Según la misiva, que fue firmada por los representantes Cristian Danilo Avendaño, Alejandro García Ríos, Carolina Giraldo Botero, Juan Sebastián Gómez, Catherine Juvinao y Katherine Miranda (Alianza Verde); Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), Daniel Carvalho Mejía (Oxígeno) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), la medida propuesta por Petro pasó por alto la voluntad del Senado, siendo este un requisito fundamental establecido por la Constitución Política de 1991.
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El texto emitido por la bancada independiente dejó en claro que el decreto propuesto por Petro supone un “riesgo inminente para la integridad del orden administrativo, legal y constitucional” y, del mismo modo, amenazó con desestabilizar la seguridad jurídica y los principios democráticos, además de comprometer el buen uso de los recursos públicos debido a la inmediatez del calendario electoral; pues serían necesarios entre $700.000 millones y $1 billón para su realización.
Con ello, los congresistas instaron a todos los actores políticos, incluidas las altas cortes y la Registraduría Nacional del Estado Civil, al mando de Hernán Penagos, a alinearse con la Constitución y rechazar la decisión anunciada por el mandatario. Según la declaración de los congresistas, el pronunciamiento presidencial es visto como un intento de desestabilizar al país por razones electorales, al exigir “mesura, respeto por la democracia y un liderazgo que construya, no que fracture”.
Gustavo Petro y el pronunciamiento que desató la indignación colectiva
En contraste con este duro comunicado, Petro ha defendido públicamente su intención de avanzar con la convocatoria de la consulta popular, y como lo indicó en cadena nacional, es consciente de que será Corte Constitucional tendrá la última palabra en cuanto a la legalidad de su decreto; aunque pese a ello, señaló que el poder reside en el pueblo colombiano y será el constituyente primario el que decida. “El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político”, dijo.
En consecuencia, refutó una vez más las acciones del senador Efraín Cepeda, acusándolo de conductas propias de la “vagabundería” y de manipular el proceso legislativo. Petro señaló que la votación en cuestión no fue legítima porque, según él, no se discutió adecuadamente en el Senado y no se permitió votar a varios senadores presentes durante la sesión, lo que a su juicio fue manejada sin cumplirse un debido proceso y en contravención al artículo 125 de la Ley 5 de 1992.
En redes sociales, y horas después de su polémica aparición, Petro continuó su defensa sosteniendo que “el Senado no hundió la consulta popular”, al señalar que los congresistas no votaron de acuerdo con lo estipulado por la ley, lo que facultaría al presidente, tras un plazo de 30 días sin decisión, para decretar la consulta. Según publicó Petro, estas acciones están respaldadas por la ley, reafirmando su disposición a seguir adelante con sus planes de consulta popular.
Esta serie de choques, entre lo que dispone el presidente de la República y la marcada oposición en el órgano legislativo, dejaría en evidencia, una vez más, la complejidad del panorama político actual en Colombia, en donde las tensiones parecen escalar entre el ejecutivo y diferentes franjas del poder legislativo. Esto estaría lejos de un escenario de acuerdo nacional, que planteó el mismo Petro, pero del que se alejó con sus constantes señalamientos a los sectores opositores.
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