
La muerte de Ángel Gabriel Salazar, un menor de 15 años, ha generado conmoción y tensiones en el municipio de Aguachica, Cesar, luego de que el joven perdiera la vida en medio de un operativo policial tras un enfrentamiento entre barristas de fútbol colombiano. El hecho, que ocurrió el pasado fin de semana en inmediaciones de una estación de servicio a las afueras del casco urbano, está siendo investigado por organismos judiciales ante la presunta implicación de un miembro de la Policía Nacional.
El suceso tuvo lugar a unos dos kilómetros del área urbana de Aguachica, donde se había reportado una riña entre seguidores de equipos de fútbol. Ante la situación, unidades de la Policía intervinieron con el objetivo de controlar el altercado. Durante el procedimiento se presentaron disparos, uno de los cuales impactó en el pecho al joven Salazar, causándole la muerte. Otro menor de edad resultó herido en el brazo durante los mismos hechos.
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La familia del adolescente fallecido sostiene que el disparo fue efectuado por un agente adscrito al Grupo de Operaciones Especiales (Goes), y ha solicitado la presencia urgente de entes de control e investigación para esclarecer lo ocurrido. Según el relato de sus allegados, el joven no portaba ningún tipo de arma y no representaba una amenaza que justificara el uso de fuerza letal por parte de los uniformados.
Las denuncias también incluyen cuestionamientos al accionar policial durante el procedimiento, al que señalan de haberse ejecutado por fuera de los protocolos establecidos para el manejo de disturbios públicos, especialmente en contextos que involucran a menores de edad. El señalamiento directo a miembros del Goes ha encendido el debate sobre el uso proporcional de la fuerza en este tipo de operativos.

“Mi hijo, Ángel Gabriel Salazar, es asesinado vilmente por el grupo de operaciones especiales del Goes. Quiero hacer un llamado al presidente Petro, a todas las entidades de investigación, como dicen la Cijin, la Dijin, la Cipol y la Fiscalía para que hagan presencia en el municipio de Aguachica”, aseguró Ángel Salazar, padre del menor en medios de comunicación.
Por su parte, fuentes oficiales han descartado versiones iniciales que hablaban de un presunto intento de asalto armado en la estación de servicio. Aunque en un primer momento se manejó esta hipótesis, las autoridades han indicado que no se encontraron evidencias que sustenten dicha versión, lo que ha fortalecido el llamado a una investigación independiente.

La comunidad de Aguachica ha expresado su indignación y preocupación por el fallecimiento del menor, al tiempo que exige garantías de transparencia en las pesquisas. Mientras tanto, organismos como la Fiscalía General de la Nación, así como unidades de investigación policial especializadas, están evaluando las circunstancias que rodearon la actuación de los uniformados.
“Sea como sea, el peladito no llevaba ninguna arma, ni mi hijo llevaba una arma, para que ese señor agente venga descaradamente a dispararle”, dijo en Noticias RCN otro familiar del menor, que defiende su inocencia y su no vinculación con actividades delictivas o vandálicas.

El caso se suma a otros episodios recientes en el país donde se cuestiona el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado en procedimientos que involucran a jóvenes. En este contexto, el llamado a una revisión de los protocolos y a un seguimiento exhaustivo por parte de los entes de control cobra cada vez mayor relevancia.
Las autoridades locales han manifestado su disposición para colaborar con las investigaciones y garantizar el acceso a las pruebas disponibles. Entretanto, se mantiene la expectativa frente al curso de las indagaciones judiciales y disciplinarias que permitan establecer responsabilidades.
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