La senadora Paloma Valencia expresó en su más reciente columna publicada en X su preocupación por lo que considera un intento del presidente Gustavo Petro de vulnerar el equilibrio de poderes en Colombia. Según la congresista, el mandatario habría contemplado utilizar una consulta popular como vía para imponer reformas que no han logrado avanzar en el Congreso, eludiendo así los mecanismos democráticos establecidos.
Desde su perspectiva, el intento de impulsar una consulta sobre la reforma laboral no debe analizarse únicamente desde las posiciones políticas que se tengan frente al contenido de la iniciativa. Para ella, lo preocupante radica en el hecho de que, al no encontrar respaldo legislativo, el Ejecutivo estaría optando por utilizar mecanismos de participación ciudadana para sustituir o someter a otro poder del Estado.
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La senadora del Centro Democrático señala que este tipo de acciones representan un quiebre institucional que, aunque no llegó a concretarse, puso al país al borde de un riesgo democrático. Argumenta que en una democracia, cuando un proyecto no prospera en el Congreso, el deber del presidente es buscar acuerdos, ceder en ciertos puntos y construir colectivamente con el Legislativo, y no pretender anular su papel con herramientas plebiscitarias.
Valencia advierte que la propuesta de consulta implicaba preguntas carentes de sustento técnico y cargadas de populismo, lo cual, a su juicio, habría distorsionado la voluntad popular y debilitado las instituciones. Como ejemplo ilustrativo, plantea un escenario hipotético en el que el expresidente Álvaro Uribe, tras la decisión de la Corte Constitucional de impedir su segunda reelección, hubiese optado por una consulta popular para revertir dicha decisión. En ese contexto, afirma que de haberse seguido ese camino, el Estado de derecho habría sido gravemente lesionado, aunque, según ella, no ocurrió porque Uribe respetó los límites institucionales.
“Pondré un ejemplo que creo nos ayuda a entender el asunto. Situémonos en el momento en que la Corte Constitucional limitó la posibilidad de una segunda reelección del Presidente Uribe. ¿Qué habría pasado si recurriendo a un referendo, Uribe hubiera consultado al pueblo sobre su deseo de una segunda reelección? Con una popularidad del 80% su consulta habría pasado fácilmente el Congreso y habría sido votada copiosamente a favor de la reelección y con ello habría muerto el Estado de derecho. No sucedió, Uribe es un demócrata y acató el fallo”, señaló.
La senadora considera que el Congreso, como órgano también elegido por el pueblo y con una legitimidad democrática robusta, debe ser respetado por el Ejecutivo. Critica lo que percibe como una postura de hostilidad del presidente frente a la necesidad de concertar con otros sectores y afirma que las estrategias de Petro frente al Legislativo han oscilado entre la cooptación y la deslegitimación.
Además, alerta sobre nuevas tensiones que podrían presentarse en el escenario político. Hace referencia a un paro convocado por sectores afines al Gobierno y a declaraciones de líderes sindicales que, según ella, estarían planteando una confrontación directa con el Congreso. En ese sentido, señala que ya se observan señales de descontento social que podrían derivar en violencia, y atribuye esa posible agitación al discurso del presidente.
En el cierre de su columna, Paloma Valencia enfatiza la necesidad de recuperar el consenso y la moderación política en el país. Asegura que Colombia está agotada por la polarización, la ineficiencia del Estado y los discursos extremistas, y se declara convencida de que es posible construir una nación más justa y funcional mediante acuerdos amplios e incluyentes.
Con relación al trámite de la reforma laboral, considera que este será un indicador inmediato de si las instituciones logran mantenerse firmes y de si el Congreso podrá actuar con responsabilidad frente a las demandas sociales, sin ceder a presiones indebidas por parte del Ejecutivo.