La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia Torres, participó este martes en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde presentó un balance de los avances y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Su intervención tuvo como eje central la reafirmación del compromiso del Gobierno colombiano con la construcción de una paz estable, duradera y con enfoque territorial.
Sarabia destacó el respaldo del Gobierno del Cambio a las regiones más golpeadas por el conflicto armado, como parte de un esfuerzo por consolidar transformaciones estructurales.
La canciller subrayó que el proceso de paz se mantiene como una prioridad estatal, respaldada tanto por el mandato popular como por el acompañamiento de la comunidad internacional.
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“Cuando el presidente Gustavo Petro propone a Colombia como “potencia mundial de la vida”, no es un simple eslogan: es un llamado urgente a abandonar el alma guerrerista de las generaciones que se van, para abrir paso a los vientos pacifistas de los jóvenes, muchos de los cuales hemos crecido con las heridas aún abiertas del conflicto”, señaló.
Durante la sesión, la ministra agradeció el papel desempeñado por las Naciones Unidas en Colombia y reconoció la labor de Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación, así como el respaldo constante del Consejo de Seguridad en los últimos ocho años.
“Cumplir el Acuerdo de Paz no es un gesto simbólico para nuestro país, es un deber del Estado y una prioridad del Gobierno, respaldada por la mayoría ciudadana. La llegada del gobierno del presidente Petro fue un gesto de apoyo popular a construir una Colombia en paz estable y duradera y en estos casi 3 años hemos tenido avances significativos que quiero destacar”, señaló.
En su exposición, presentó varios indicadores sobre la ejecución del Acuerdo. Entre ellos, la aprobación de 2.4 billones de dólares (sic) para los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la actualización catastral de 9.6 millones de hectáreas, la adjudicación de más de 133.000 hectáreas a campesinos y la participación activa de más de doce mil excombatientes en procesos de reincorporación.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha buscado fortalecer la presencia institucional en territorios históricamente marginados, priorizando regiones como el Catatumbo, Nariño y el Cañón del Micay, donde si bien se han registrado avances significativos, persisten riesgos vinculados a la violencia y al desplazamiento forzado.
La intervención de Colombia ante la ONU fue presentada como un ejercicio de responsabilidad y no como una solicitud de indulgencia. Según la canciller, el propósito es consolidar la paz como una herencia para las futuras generaciones, y no como una promesa incumplida.
Fue enfática en que Colombia es uno de los referentes mundiales en procesos de paz, por lo que pidió el acompañamiento de la ciudadanía.
“Es vital también reconocer los avances en regiones como el Cañón de Micay, el Cauca y el departamento de Nariño, territorios que históricamente han sido escenarios de conflicto y que hoy son testigos de pasos firmes hacia la paz. Hoy les pedimos que no nos suelten de la mano. Su ayuda continua puede hacer posible lo que muchos creían imposible: afianzar a Colombia en un verdadero laboratorio de paz para el mundo entero”, señaló.
Reconoció que el panorama en materia de seguridad no es el mejor y que sigue habiendo violencia residual de la época más importante de las guerrillas.
“Aún tenemos deudas pendientes y desafíos que muchos de ustedes han resaltado esta mañana. Por ejemplo, la seguridad de los firmantes de paz. La violencia de grupos armados se ha incrementado en algunas regiones y, lamentablemente, los firmantes han quedado en medio de esta violencia que amenaza con hundir a Colombia en más años de desasosiego”, expuso.