Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentran en Palomino, La Guajira, alojados en un lujoso hotel. Este hecho ha causado polémica por la disposición de recursos para este tipo de actividades que pueden ser invertidos en otro tipo de necesidades.
El viaje se ha justificado explicando que están realizando reuniones para agilizar varias sentencias que están en proceso, pero que no quieren interrumpir con las audiencias que por estos días se llevan a cabo en las instalaciones de la Jurisdicción. Este hecho ha generado múltiples cuestionamientos, por lo que el tribunal se vio obligado a emitir un pronunciamiento oficial sobre este hecho.
De acuerdo con Semana, que tuvo acceso al comunicado oficial, el encuentro se extenderá hasta el 5 de abril en el lugar, con el fin de no interrumpir una nueva jornada de audiencias de aporte de verdad plena y reconocimiento de responsabilidad por parte de exmiembros de la fuerza pública.
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“La jornada, que se desarrolla sin afectar los términos judiciales ni interrumpir el quehacer de la Jurisdicción, es posible gracias al apoyo de una fundación privada que no está ligada al gobierno de los Estados Unidos”, reza en el comunicado 44 de 2025 de la JEP.
El medio de comunicación describió que allí se especifica que: “Durante uno de los espacios, la magistratura se reunió con autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, centrando en la victimización sufrida durante el conflicto armado. En este espacio se solicitó la adopción de medidas cautelares para proteger el territorio y se acordó una agenda de trabajo conjunta que incluye la participación de la Procuraduría Delegada ante la JEP”.
Para cerrar el pronunciamiento, señalaron que este encuentro se vio como una oportunidad para fortalecer la interacción entre los funcionarios y unificar la toma de decisiones:
“El intercambio de experiencias y conocimientos también busca fortalecer la coordinación interna y externa para la aprobación de los proyectos de sanción, incorporando un enfoque restaurativo que responda tanto a las necesidades de las víctimas como a las capacidades reales del Estado para garantizar su implementación en los territorios afectados”, concluyó el comunicado, según lo divulgado por el medio de comunicación mencionado anteriormente.
Una de las voces en contra que se pudo conocer fue la de la magistrada Claudia López Díaz, quien, por medio de una carta dirigida al presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, cuestionó la pertinencia del encuentro.
“El encuentro no se corresponde con las necesidades más apremiantes de la JEP e implica el traslado de toda la magistratura para participar en esa actividad. Considero que su desarrollo y orientación pueden, por el contrario, ser contraproducentes en la coyuntura que atravesamos”, aseveró en su comunicación.
Además, advirtió que este tipo de eventos podrían entorpecer los procesos que están en curso, teniendo en cuenta que en dado caso se podría poner en marcha una figura que suspenda procedimientos:
“Invito a la reflexión sobre la pertinencia del enfoque del evento y que, en todo caso, se sugiera a quienes corresponde en la JEP no activar la figura de la suspensión de términos durante el encuentro, pues ello implicaría desfavorecer la urgente necesidad de agilizar todos los procesos para obtener los resultados (…) que reclama la sociedad colombiana”, señaló.
Algunos de los funcionarios rechazaron esta actividad y no asistieron al evento indicando que no es un momento apropiado para el desarrollo de dicha actividad, ya que actualmente hay otros asuntos que requieren atención prioritaria, expresando que las actividades recreativas con vista al mar se pueden desarrollar en otros momentos que los procesos requieran menor atención.