En un esfuerzo por garantizar el acceso efectivo a la salud y prevenir posibles vulneraciones de derechos fundamentales, la Procuraduría General de la Nación, liderada por Gregorio Eljach, jefe de la entidad, emitió en la tarde del viernes 21 de marzo un instructivo dirigido a los procuradores regionales, provinciales y municipales.
El documento sostiene que el país está atravesando por una grave crisis en el sistema de salud, que se ha visto reflejada en el incremento de quejas, reclamos y tutelas. Por ello, se hace necesario desplegar acciones preventivas y de control de gestión.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
“(...) la Procuraduría General de la Nación ha tenido conocimiento de quejas, denuncias e información difundida en medios de comunicación, sobre posibles irregularidades en la prestación de servicios y suministro de medicamentos y tecnologías en salud, así como el manejo de los recursos de la salud por parte de algunas EPS del país y otros actores del sistema, que han llevado a presuntas deficiencias en la prestación del servicio público a los usuarios del sistema y pacientes”, se lee en la directiva.
En ese orden de ideas, el ente de control enfatizó en que se debe fortalecer la supervisión sobre las entidades de salud y asegurar que los servicios ofrecidos cumplan con los estándares de calidad y oportunidad requeridos.
¿Qué se definió en el pronunciamiento de la Procuraduría?
De acuerdo con la Directiva 003, los procuradores tienen la facultad de solicitar información a las entidades de salud sobre aspectos clave como la prestación de servicios, la calidad de la atención y la gestión de recursos.
“Con el ánimo de prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud de los afiliados y se puedan vulnerar derechos fundamentales los procuradores regionales, distritales y provinciales podrán solicitar información a las entidades de salud sobre la prestación de servicios, la calidad de atención y la gestión de recursos con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema“, se expresó en el documento.
La directiva también estableció que los procuradores deben llevar a cabo inspecciones en las instalaciones y equipos de las entidades de salud. Estas visitas tienen como propósito verificar que los recursos y la infraestructura estén en condiciones óptimas para atender a los usuarios.
Además, se les autorizó para emitir órdenes de cumplimiento obligatorio e inmediato a los actores del sistema general de seguridad social en salud, con el fin de garantizar el acceso efectivo a este derecho fundamental.
En caso de identificar irregularidades o incumplimientos, los procuradores están facultados para radicar acciones judiciales que defiendan los derechos de los usuarios y aseguren el cumplimiento de las normativas vigentes. Según la Procuraduría, estas medidas buscan responder de manera inmediata a cualquier situación que pueda comprometer la calidad o la accesibilidad de los servicios de salud.
Vigilancia sobre medicamentos e insumos médicos
Otro de los puntos destacados en la directiva es la vigilancia sobre los operadores logísticos y los encargados de la dispensación de medicamentos e insumos médicos.
Para ello, el Ministerio Público instó a los procuradores a que supervisen de cerca estos procesos para garantizar que los usuarios tengan acceso oportuno y de calidad a los medicamentos que necesitan.
Como constancia de la labor, los procuradores regionales deberán elaborar informes detallados, los cuales serán evaluados para determinar si existe alguna incidencia disciplinaria que deba ser investigada.
Cabe señalar que la crisis de salud en el país se ha agudizado por la escasez de medicamentos, con largas filas de usuarios en ciudades como Bogotá y Cali exigiendo medicinas necesarias; en algunos casos para tratar enfermedades graves.
La mayoría de quejas, según se ha podido constatar, provienen de usuarios de la Nueva EPS, que asumió afiliados de empresas privadas intervenidas o en quiebra. Entre tanto, las sedes de Audifarma, encargadas de dispensar medicamentos, son epicentro de reclamos por el empeoramiento en la atención.