La controversia en torno a la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro sigue escalando en el ámbito político, especialmente tras las declaraciones del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que no solo respaldó la decisión de su partido, Cambio Radical, de rechazar la iniciativa, también hizo un llamado a otras colectividades para que se sumen a esta postura. Su mensaje reaviva el debate sobre la viabilidad de esta consulta y sus implicaciones para el equilibrio de poderes en Colombia.
Desde que el Gobierno nacional anunció la convocatoria a la consulta popular, tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, las posiciones a favor y en contra se intensificaron. En particular, los opositores a la medida manifestaron dudas sobre su pertinencia y legalidad, cuestionando si el Ejecutivo tiene realmente la capacidad de llevar adelante este mecanismo de participación sin vulnerar la separación de poderes. La consulta, según el procedimiento establecido en la legislación colombiana, debe pasar por la aprobación del Senado, donde ya se empiezan a calcular los apoyos y oposiciones que definirán su destino.
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El miércoles 19 de marzo, Cambio Radical anunció oficialmente que votará en contra de la consulta, argumentando que esta no solo carece de fundamento, también representa una estrategia del Gobierno para presionar al Congreso y a otras instituciones. Este pronunciamiento fue recibido con entusiasmo por Vargas Lleras, que lo consideró un paso clave para frenar lo que denominó como una “necesaria contención del abuso de poder. Cambio Radical invita a los demás partidos y fuerzas políticas a conformar las mayorías para enterrar esta nefasta iniciativa”, expresó en un video difundido en sus redes sociales.
Según el exvicepresidente, la iniciativa de Petro pone en riesgo la estabilidad institucional, al tiempo que intenta implementar reformas sin el debido debate legislativo. Vargas Lleras acusó al mandatario de recurrir a un discurso de confrontación y señaló que este “ha estado hostigando y amenazando al Congreso, a la rama judicial, gobernadores y alcaldes, poniendo en grave riesgo la división de poderes”. Además, advirtió que intentar imponer la reforma laboral mediante decretos presidenciales sería un “claro abuso de poder” y no contribuiría a la generación ni formalización de empleo en el país.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre la consulta persiste. Para que esta pueda realizarse, el Gobierno debe presentar formalmente las preguntas ante el Senado, instancia que tendrá hasta 30 días para aprobar o rechazar la propuesta. De recibir el aval, la consulta será sometida al voto ciudadano en las urnas, donde también enfrentaría un reto considerable: superar el umbral de participación necesario para su validez.
Benedetti anuncia fecha para presentación de la consulta en el Congreso
El Gobierno nacional avanza en la preparación de una consulta popular para someter a votación ciudadana los puntos clave de la reforma laboral que fue archivada en el Congreso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el texto con las preguntas llegará al Senado a inicios de abril y que incluirá entre 10 y 12 interrogantes.
El presidente Gustavo Petro defiende la consulta como un mecanismo para rescatar su propuesta, argumentando que el Congreso bloqueó las reformas por presión de sectores económicos. En este contexto, encabezó movilizaciones en todo el país, donde miles de ciudadanos respaldaron su proyecto. En un discurso en la Plaza de Bolívar, afirmó que el Legislativo actuó en contra del pueblo: “Han traicionado al pueblo de Colombia y lo han hecho por la codicia y lo han hecho por el dinero”. Además, cuestionó a los congresistas que hundieron la reforma: “Ellos vendieron su corazón a la codicia. No tienen sentimientos. Ellos no son seres humanos”.
Benedetti explicó que la consulta debe ser aprobada en el Senado antes de someterse a votación. Aunque el Gobierno espera contar con los apoyos necesarios, algunas bancadas ya expresaron su rechazo. Así, la administración Petro enfrenta un nuevo desafío legislativo mientras impulsa la consulta como un medio para que la ciudadanía decida sobre los cambios laborales que considera esenciales.