Momentos de tensión se vivieron en la tarde del martes 4 de febrero, luego de que trabajadores y funcionarios de la Gobernación del Valle y de la URI de Fiscalía General de la Nación evacuaran las respectivas sedes, presuntamente, sin informar la razón por la que lo hacían.
Por ello, algunas personas comenzaron a especular que se trataba de una presunta amenaza terrorista los motivos que llevaron a la salida ordenada de los trabajadores del complejo administrativo y judicial.
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Frente a la situación y la creación de pánico, la Policía Metropolitana de Cali informó que en realidad se trataba de una actividad preventiva realizada en estos sitios, sin entregar detalles del origen de los rumores.
Y es que, según versiones extraoficiales, se indicó que la evacuación se había producido luego de una llamada “falsa” que advertía la ubicación de un paquete extraño en la plazoleta de San Francisco, lugar donde se ubican estas sedes gubernamentales.
Esta no es la primera vez que sedes gubernamentales o judiciales de la ciudad son objeto de supuestos rumores de amenaza de bomba, pues el jueves 17 de octubre de 2024 comenzó a circular información sobre la evacuación de emergencia de los trabajadores del Palacio de Justicia de Cali ante la inminente amenaza de atentado terrorista; esto, luego de unas supuestas declaraciones de uno supuesto responsables de un atentado con granada en pleno centro de Jamundí, específicamente, detrás de la estación de Policía, en la noche del miércoles 16 de octubre de ese mismo año.
Esta situación, en efecto, provocó alarma en las diferentes áreas que componen el complejo judicial, incluso, la directora secional de Administración Judicial, Lorena Ivett Mendoza Marmolejo, solicitó a la Policía Metropolitana de Cali la protección al recinto ante las supuestas declaraciones del “capturado” y la sospecha del ataque con explosivos.
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que aclaró que dichas aseveraciones eran falsas y carecían de sustento.
Pero este temor generalizado no surgió de la nada, debido a que el complejo judicial sí fue objeto de un atentado terrorista en la madrugada del primero de septiembre de 2008, cuando un carro bomba explotó justo al frente del Palacio de Justicia, dejando como saldo cuatro personas muertas, más de 20 heridas y cuantiosos destrozos en edificios cercanos. En ese momento, el atentado fue perpetrado por el bloque oriental de las Farc.
Defensoría alertó riesgo por grupos armados ilegales en el sur del Valle del Cauca
La crisis de orden público en Colombia continúa intensificándose y extendiéndose más allá de la región de Catatumbo, afectando a otras zonas del país.
A propósito, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de riesgo inminente para el sur del Valle del Cauca, específicamente en los municipios de Pradera y Florida, que indica que existen “evidentes riesgos de vulneración y violación de derechos humanos” tanto en las zonas urbanas como rurales de estas localidades. Estos riesgos derivan de la disputa por el control del territorio entre dos facciones armadas ilegales: las disidencias al mando de Iván Mordisco y la disidencia independiente conocida como Frente 57 Yair Bermúdez.
Entre las principales afectaciones que padecen las comunidades se encuentran el reclutamiento forzado, el desplazamiento, las desapariciones, el confinamiento y la restricción a la movilidad.
Según la entidad garante de derechos humanos, la situación afecta de manera desproporcionada a mujeres, quienes enfrentan mayores riesgos de sufrir violencia de género, y a menores de edad, quienes son especialmente vulnerables al reclutamiento forzado y a otras formas de explotación por el conflicto armado. Además, la población firmante de paz ha sido blanco de ataques violentos, presiones y amenazas destinadas a obligarlos a unirse a alguno de los grupos en disputa.