El Ejército Nacional confirmó el secuestro de Ricardo Ramos, firmante del Acuerdo de Paz, y cinco personas más, entre ellas dos mujeres, ocurrido en la noche del lunes 6 de enero en la vereda Caño Tigre, municipio de Arauquita, Arauca. Según información preliminar, los responsables serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La Octava División del Ejército, a través de un comunicado, indicó que el hecho fue reportado por la comunidad, lo que permitió activar de inmediato una operación coordinada entre el Gaula Militar de Arauca y el Gaula de la Policía Nacional. Las tropas fueron desplegadas en la zona con el objetivo de recopilar información clave para localizar a las víctimas y garantizar su pronta liberación.
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El Ejército rechazó categóricamente estos actos, calificándolos como una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida y la libertad. Asimismo, expresó su solidaridad con las familias de los secuestrados y reiteró su compromiso con la seguridad de la población araucana.
“Inmediatamente conocidos los hechos denunciados por la población, la Octava División con el Gaula Militar de Arauca, y de manera coordinada con el Gaula de la Policía Nacional, despliega tropas hacia la zona, con el fin de recaudar información que permita dar con el paradero de estas personas para regresarlas a la libertad”, indicó El Ejército Nacional.
El secuestro se produce en un contexto de creciente violencia en el departamento de Arauca, una región afectada históricamente por la presencia de grupos armados ilegales. La situación adquiere mayor relevancia debido a la implicación de un firmante de paz, subrayando los desafíos para la implementación de los acuerdos alcanzados con las extintas FARC y la persistencia de acciones criminales por parte de otros actores armados.
Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para colaborar con información que facilite la ubicación de las personas retenidas y permita avanzar en la operación de rescate. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos han instado al ELN a respetar la vida e integridad de los secuestrados y cesar estas prácticas que generan zozobra en la región.
El caso pone nuevamente en evidencia la complejidad de consolidar la paz en territorios donde persisten dinámicas de conflicto armado y la actividad de grupos insurgentes.
En la tarde del lunes 6 de enero de 2025, reportaron un nuevo ataque por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el departamento del Chocó.
Los hechos sucedieron en la vía Quibdó-Pereira, municipio de Tadó. Según información preliminar, un furgón de transporte de alimentos fue incinerado por este grupo guerrillero.
La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, criticó el ataque, razón por la cual se preguntó si el ELN está cumpliendo con una “tregua” o “cese al fuego”.
“Se presentó otro ataque del ELN en la vía Quibdó-Pereira, a la altura del corregimiento del Tabor en el municipio de Tadó. Un furgón de transporte de alimentos fue incinerado bajas las insignias del ELN. Esto refuerza la paradoja: ¿Hay en verdad “tregua” o “cese al fuego” cuando no cesan las acciones bélicas contra la población civil, el comercio, los servicios y vías públicas?”, indicó la mandataria del departamento.
Por tal motivo, Nubia Córdoba le solicitó a la brigada del Ejército Nacional reforzar la seguridad en la vía Quibdó-Pereira, ya que afirmó tendrán mas flujo vehicular por el retorno vacacional.
“Hemos solicitado a la XV Brigada del ejército reforzar la seguridad en ambas vías, que ademas en estos días tendrán su mayor flujo con el retorno vacacional”, aseveró Córdoba.
Enrique Gómez, excandidato a la Presidencia de Colombia y director del partido Movimiento de Salvación Nacional, criticó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por lo sucedido.
“Sigue la avanzada del ELN en el Chocó, esta vez la vía que va de Quibdó-Pereira, municipio de Tadó. Decidieron incendiar un camión de transporte de alimentos. Ya ni preguntamos por @Ivan_Velasquez_, sabemos que poco o nada le interesa el asunto”, afirmó Gómez.