Un video que muestra a una patrullera de la Policía Nacional golpeando a un joven con su tonfa, popularmente conocido como bolillo, en el rostro ha desencadenado una investigación penal en su contra.
Según informó la Fiscalía Penal Militar y Policial, los hechos ocurrieron en octubre de 2024 en el noroccidente de Bogotá, cuando la uniformada habría agredido al ciudadano después de que este intentara grabar un procedimiento policial con su celular. La situación, que inicialmente pasó desapercibida, cobró relevancia pública tras la publicación del video en redes sociales el 1 de enero de 2025.
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La Fiscalía Penal Militar y Policial, en un comunicado oficial, explicó que el caso está siendo investigado por el fiscal 2405 de conocimiento, quien ya inició una indagación preliminar para esclarecer los hechos y determinar si la conducta de la uniformada constituye un delito. La entidad subrayó que trabajará con “autonomía, eficiencia y transparencia” para garantizar que se cumpla con la misión constitucional de la fuerza pública y se sancione a los funcionarios que se aparten de estos principios.
De acuerdo con la Fiscalía, el incidente se produjo durante una requisa en la que los agentes solicitaron la identificación del joven. Según el relato de la víctima, quien habló con el noticiero Citytv, la patrullera reaccionó violentamente al notar que él estaba grabando el procedimiento.
La patrullera podría enfrentar cargos por lesiones personales y abuso de autoridad, dependiendo de los resultados de las investigaciones en curso. La Fiscalía Penal Militar y Policial ha reiterado su compromiso de actuar con rigor en este caso, mientras que la Policía Metropolitana de Bogotá deberá determinar si la uniformada incumplió los protocolos establecidos para los procedimientos policiales.
En sus declaraciones, el joven aseguró que la uniformada no solo lo golpeó, sino que también intentó quitarle el celular. “Después de ese momento, cada que salía a la calle un registro era siempre pidiéndome el celular y cogí mucha desconfianza, porque ese día también la patrullera quería ‘hurtarme’ el celular, por decirlo de alguna manera”, afirmó.
El video, que se viralizó en redes sociales, ha generado una ola de reacciones tanto en la ciudadanía como en las autoridades.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo al presunto abuso de autoridad y solicitó a la Policía Metropolitana de Bogotá que esclarezca los hechos y tome las medidas disciplinarias correspondientes. “Cero tolerancia frente a casos de abuso. Ante la denuncia de un comportamiento abusivo por parte de una funcionaria policial en la localidad de Suba, le he pedido a la Policía de Bogotá esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes”.
El incidente ha puesto nuevamente en el centro del debate público el tema del abuso policial en Colombia y la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos durante los procedimientos de las fuerzas del orden.
Según el Código Nacional de Policía, los ciudadanos tienen derecho a grabar los procedimientos policiales como una medida para garantizar la transparencia y evitar posibles irregularidades. Sin embargo, este caso evidencia que, en la práctica, ejercer este derecho puede derivar en situaciones de conflicto.
El joven agredido explicó que decidió publicar el video tres meses después del incidente debido al temor por su seguridad. “Solo hasta el 1 de enero de 2025 decidí hacerlo público porque temía por mi bienestar”, declaró. Su testimonio ha sido clave para que las autoridades inicien las investigaciones correspondientes y para que el caso cobre relevancia en la opinión pública.
Este caso se suma a otros episodios de presunto abuso policial que han generado controversia en el país, reavivando el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro de las fuerzas de seguridad.
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