Se cumplen once meses desde que el presidente Gustavo Petro anunció en el mes de enero de 2024 que, a la Alta Guajira, llegaría una nueva terminal aérea para potenciar el turismo en una de las zonas más apartadas del país y, de paso, cumplir con la orden de la Corte Constitucional que obliga al Gobierno nacional a garantizar la conectividad de esa región y proteger los derechos de las comunidades indígenas en cuanto a agua, salud y alimentación.
Fue así que se dio inicio al proyecto de construir un aeródromo internacional en la Alta Guajira, pero que, casi un año después, no ha logrado construir la primera piedra, principalmente, debido a la falta de consenso con las comunidades indígenas locales.
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Así quedó demostrado en documentos revelados por la revista Cambio, en los que se conoció el poco avance que ha presentado el proyecto aeronáutico. La Aeronáutica Civil ha identificado la comunidad de El Paraíso, en el sector de Bahía Honda, como la ubicación más favorable para el aeródromo, tras evaluar cuatro posibles sitios.
Sin embargo, el proyecto enfrenta retrasos debido a la falta de acuerdos con las comunidades indígenas propietarias del territorio. La comunidad Pasadena ha mostrado resistencia, mientras que la Colonsumana tiene una aceptación potencial y los Errumana se oponen al proyecto. Hasta ahora, no se ha logrado un acuerdo para la cesión de los terrenos necesarios.
El costo estimado del aeródromo es de 764.000 millones de pesos, con una gran parte de los fondos destinada a la logística de transporte de materiales desde Cartagena y Barrancabermeja, que tendrá que hacerse por tierra y mar.
Según se conoció, la Aeronáutica Civil será responsable de la contratación de la operadora logística, aunque aún no se ha definido qué empresa asumirá esta tarea. El proyecto también contempla la construcción de una pista de entre 2.200 y 3.000 metros de largo y 45 metros de ancho, adecuada para aeronaves tipo Charlie.
Asimismo, el Ejército Nacional participará en la construcción, proporcionando maquinaria y personal, con un plazo de finalización que podría variar entre un año y medio a cuatro años, dependiendo de la cantidad de recursos humanos disponibles. Además, la participación de las comunidades indígenas es crucial, ya que representan el 20% de la población indígena de Colombia, con el pueblo wayuu predominando en la región.
El proceso de consulta previa con las comunidades es esencial para avanzar en el proyecto. Según Cambio, la senadora Marta Peralta, de origen wayuu, ha sido invitada a mediar en las negociaciones para facilitar la entrada de ingenieros y la cesión de tierras. Sin embargo, las condiciones climáticas y la falta de infraestructura en la región también complican el avance del proyecto.
“En la mesa también expresé mi preocupación porque en esa zona de la Alta Guajira no hay agua potable, no hay energía (se dañó la planta) no hay vías, hay mucha necesidad y veo que el proyecto ha estado aislado solo de la mano de la Aerocivil sin articulación con las otras instituciones. Por eso invité al DPS, MinVivienda, Fountur, Minminas y Mincomercio, entre otros”, comentó la senadora al medio nacional.
Además, la congresista advirtió que las comunidades indígenas han mostrado su incertidumbre respecto al proyecto del presidente Petro debido a la falta de claridad sobre el impacto social que podría traer la creación de esta nueva terminal.
“El presidente lo tiene como un proyecto de gran impacto para el desarrollo turístico y económico y eso está bien, lo aplaudimos. Lo que no se puede desconocer es que las demás carteras no están articuladas para que el proyecto sea integral”, señaló Peralta a Cambio.
En cuanto al componente ambiental, Corpoguajira ha determinado que no se requiere licencia ambiental, ya que el terreno no se superpone con zonas protegidas. Sin embargo, si se necesita afectar o aprovechar un recurso natural durante la ejecución, se deberá solicitar el permiso correspondiente.
Otros trámites incluyen un plan de manejo arqueológico supervisado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) y un convenio con la Fuerza Aérea de Colombia para obtener información cartográfica y satelital. A pesar de los desafíos, el proyecto sigue siendo una prioridad para el Gobierno de Petro, que busca cumplir con la sentencia de la Corte y potenciar el turismo en La Guajira.