En una declaración que llamó la atención tanto nacional como internacional, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, abordó la controversia generada por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos relacionados con presuntas violaciones a los topes financieros durante la campaña presidencial de 2022, en la que el ahora presidente Gustavo Petro era candidato. El pronunciamiento diplomático es para hacer un llamado a la comunidad internacional sobre una supuesta falta de competencias del organismo electoral para investigar al presidente de la República.
Desde que se conoció la existencia de la ponencia en organismo electoral, el mandatario criticó abiertamente la capacidad del Consejo para investigarlo, bajo el argumento que dicha entidad no tiene la competencia para indagar sobre un presidente en funciones; sin embargo, el ente emitió un concepto que respalda su capacidad para llevar a cabo indagatorias sobre campañas presidenciales y aplicar sanciones administrativas.
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Sin embargo, la controversia fue alentada con la publicación de un mensaje en las redes sociales de Murillo, donde destacó que “en nuestro país existe una inviolabilidad del fuero presidencial que impide que el Presidente sea investigado por una entidad administrativa como lo es el CNE; así lo señala la Constitución Política y lo ratifica nuestra jurisprudencia”.
Murillo también enfatizó que el Gobierno colombiano está comprometido a informar al Cuerpo Diplomático sobre las acciones que se implementarán que “harán valer y respetar el sistema democrático en Colombia”.
Este mensaje fue compartido en respuesta al viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, que emitió un comunicado dirigido a la comunidad diplomática acreditada en Colombia, advirtiendo sobre las implicaciones que la investigación del CNE podría tener en la democracia del país. En su mensaje, el funcionario destacó que “el Consejo Nacional Electoral ha abierto una investigación contra el presidente de la República, negando el fuero constitucional que le asiste al primer mandatario y generando un ambiente de desestabilización política”.
La postura del Gobierno también fue acompañada por una percepción de amenaza a la democracia, ya que el presidente Petro calificó la situación como un “golpe de Estado”. En este sentido, desde la Cancillería hicieron un llamado a las organizaciones sociales y populares para que defiendan el voto popular y se movilicen ante lo que consideran un intento golpista.
Esto se refiere a un evento público en el que el presidente Gustavo Petro expresó que la acción del CNE representaba una estrategia deliberada para socavar la estabilidad de su administración y, en consecuencia, amenazar el sistema democrático del país: “Van al golpe de Estado, no somos bobos para no saberlo. (...) Va a haber movilización del pueblo, claro que sí, inmensa, porque este pueblo se cansó de la injusticia”.
“Con toda claridad, le decimos al mundo que la democracia en Colombia está en peligro y vamos a defenderla. La mejor manera de hacerlo es poniendo en conocimiento la situación que se está presentando. El presidente Gustavo Petro tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; además, estamos procurando un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se quiere burlar de la elección presidencial y del voto popular mediante mecanismos políticos”, agregó el viceministro de Relaciones Exteriores.
En su mensaje a la comunidad internacional, Jorge Rojas indicó que “estaremos informando a ustedes de la evolución de los acontecimientos que están ocurriendo hoy en el país”. Este enfoque proactivo pretende no solo alertar sobre la situación actual, sino establecer un canal de comunicación y cooperación con otros países y organismos internacionales que puedan influir en la defensa del cargo de Petro en la Presidencia de la República.