El proyecto de ley sobre redes sociales en Colombia generó un intenso debate, especialmente por las preocupaciones sobre la seguridad digital y la privacidad de los ciudadanos.
Por esa razón, Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, se esforzó en aclarar los puntos clave de la propuesta, destacando que no es una iniciativa exclusiva de su partido, sino que cuenta con el apoyo de congresistas de diferentes vertientes políticas, como el Centro Democrático y Cambio Radical.
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Toro señaló en Blu Radio que el principal objetivo del proyecto es proteger a los colombianos de los ciberataques y garantizar sus derechos digitales.
“Este proyecto busca frenar los millones de ataques que ocurren a diario, en los que se suplantan identidades y se roban fondos de cuentas bancarias. La idea es garantizar la seguridad de los ciudadanos”, explicó. Según sus declaraciones, la ley pretende blindar a la población frente a amenazas cibernéticas que ya se han visto en otros países del mundo, afectando tanto a individuos como a empresas.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la creación de una mesa de mando unificado, encargada de tomar decisiones en torno a lo que se considerará una amenaza al ecosistema digital o a la economía del país. Esta mesa estará conformada por varias organizaciones, aunque no se precisó completamente cómo se garantizará su transparencia. Sobre esto, Toro explicó: “Es una estructura compuesta por diversas entidades que tomarán decisiones colectivas. El objetivo principal es proteger, no controlar”.
El representante también abordó las críticas que sugieren que el Gobierno, al tener un papel relevante en la aplicación de la ley, podría usarla para controlar las redes sociales y restringir la libertad de expresión. Sin embargo, Toro insistió en que el espíritu del proyecto está alineado con la defensa de los derechos humanos, asegurando que no se trata de censurar, sino de proteger la seguridad y la privacidad en el entorno digital. Mencionó como referencia la decisión de Estados Unidos de cerrar la red social TikTok por motivos de seguridad nacional, como un ejemplo de la prioridad que se debe dar a la protección cibernética en un país.
Uno de los puntos que generó mayor escepticismo es la asignación de la implementación de esta normativa a la Presidencia de la República. Ante las dudas, Toro aseguró que las decisiones se tomarán de manera conjunta y que se trabajará para garantizar que no se cometan abusos de poder. Añadió que, a medida que avance el debate en el Congreso, el proyecto se modificará para asegurar que los derechos humanos sean salvaguardados y que se implementen mecanismos claros para evitar posibles excesos.
El representante también destacó que el proyecto de ley fue ampliamente discutido y concertado entre los diferentes partidos. Asimismo, explicó la importancia de las audiencias públicas y mesas técnicas que se llevarán a cabo durante el proceso de aprobación, lo que permitirá ajustar el proyecto según las inquietudes planteadas por los diferentes sectores de la sociedad.
¿Qué dice la oposición?
El debate sobre el proyecto de ley 023 de 2023, impulsado por el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, encendió alarmas entre varios sectores de la oposición. Según el representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, esta iniciativa podría representar una amenaza para la libertad de expresión en Colombia, especialmente en redes sociales y medios de comunicación.
Uno de los aspectos más preocupantes, según Uscátegui, está en el artículo 8 del proyecto, que otorga amplios poderes a la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, bajo la administración del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia). “Con un ‘mico’ altamente nocivo para el país, el Gobierno Petro quiere que el Congreso apruebe un proyecto que le da funciones excesivas a esta Agencia”, advirtió el congresista.
El punto más polémico, sin embargo, radica en la posibilidad de ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio en situaciones de emergencia. En el artículo 14, el proyecto establece que, en el marco de un Puesto de Mando Unificado (PMU), la Agencia podría “ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio ante un ataque que afecte la soberanía nacional”. Esto, según Uscátegui, abre la puerta a la censura digital en el país.