
La decisión de las comisiones económicas del Congreso de la República de negar el monto de 523 billones para el presupuesto general de la nación de la vigencia 2025 generó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. El jefe de Estado reiteró el miércoles 11 de septiembre que, tal y como lo había adelantado, sacará adelante su propuesta vía decreto, a pesar de las críticas sobre este proceder en relación al poder legislativo.
Dicha determinación, fue recientemente apoyada por la senadora de la coalición de Gobierno, Clara López, que comentó que de no ser aprobado el presupuesto por el Congreso de la República antes del 28 de octubre el presidente, según sus palabras, deberá expedirlo por decreto.
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“Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 28 de octubre cuando se vencen los tres meses perentorios desde su presentación, el presidente Petro deberá expedirlo por decreto. No es un antojo, es un mandato constitucional. La hipótesis de la negación o el presunto hundimiento del presupuesto pregonado por estos días no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico”, escribió López por medio de su cuenta de X.

Y es que, dicha publicación es un resumen de una columna de opinión de Clara López, publicada en el medio Confidencial con respecto al tema en la que la senadora dice que sucederá con el Presupuesto General de la Nación en caso de no ser aprobado. En el texto dijo que la ley del presupuesto general de la nación es distinta a otras leyes, ya que no establece reglas de carácter general ni permanentes.
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A lo que agregó que: “En su contenido material se asemeja más a un acto administrativo que busca dar cumplimiento a leyes previas que ordenan los impuestos y autorizan los gastos del Estado. Por ello, muchos hacendistas han calificado el presupuesto como un acto condición cuya existencia es necesaria para que las leyes previamente expedidas por el Congreso puedan ser ejecutadas”.
En su columna también explicó que el proyecto de presupuesto debe contemplar todos los gastos que el Estado planea realizar durante el período correspondiente, lo que se conoce como el principio de universalidad presupuestal. Si los ingresos autorizados por leyes previas no son suficientes para cubrir todos los gastos proyectados, el gobierno debe someter al Congreso una ley para financiar el déficit. Esta ley no necesita ser aprobada antes de la aprobación del presupuesto.
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De acuerdo con López la presentación de la ley de financiamiento no es una novedad, aunque sí representa una excepción constitucional al principio de ley previa. Durante el gobierno de Duque, se utilizó esta autorización en dos ocasiones: con la ley número 1943 del 28 de diciembre de 2018, que fue declarada inexequible por la Corte debido a vicios de forma, y con la ley 2010 de 2019, que la reemplazó. Según la senadora los que critican la presentación de una ley de financiamiento votaron a favor de una ley similar en 2018 y 2019.
En cuanto a que va a pasar con este trámite la legisladora del Pacto Histórico, explicó que las comisiones deben finalizar el primer debate manteniendo el monto presentado por el gobierno y sugerir cambios que serán evaluados y posiblemente aceptados por el ministro de Hacienda.
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También comentó que si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 28 de octubre, cuando se cumplen tres meses desde su presentación, el presidente Petro tendrá que promulgarlo mediante decreto, en cumplimiento de un mandato constitucional. El rechazo o el fracaso del presupuesto, no está previsto en el marco legal del país, de acuerdo con la congresista del Pacto Histórico.
López concluyó su columna diciendo: “Afortunadamente, en este aspecto tan riesgoso que podría terminar con el cierre del Gobierno, las Cortes, el Ejército y demás funciones estatales, la Constitución quedó claramente redactada. Por ello, efectivamente, no pasó nada grave, pero las intenciones de bloqueo institucional por parte de la oposición en el Congreso que abonan la tesis del golpe blando regresaron al primer plano. Y sí. Hay quienes todavía no aceptan que, por mandato popular, hay alternancia en el Gobierno”.
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