La Procuraduría General de la Nación ordenó el cierre de un lugar denominado Isla Naval, que era destinado para el alojamiento de personas privadas de la libertad (PPL) en la Estación de Guardacostas Primaria de Buenaventura, bajo la custodia del personal militar.
Según informaron las autoridades, esta actividad no formaba parte de la misión oficial de la Armada Nacional.
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Desde el año 2023, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buenaventura activó una mesa penitenciaria para revisar la situación de las PPL alojadas en diversos centros bajo la custodia de los agentes captores en Buenaventura. A raíz de estas sesiones, se identificó que las personas privadas de la libertad capturadas en alta mar eran custodiadas por guardacostas en la llamada Isla Naval, ya que otro centro de detención transitorio llamado Marte no contaba con las condiciones adecuadas y sufría de hacinamiento constante.
Tras una serie de gestiones, el Ministerio Público completó el traslado de estas personas a otros centros donde se garantizará el respeto a sus derechos y se proveerá la seguridad por parte de autoridades competentes. Estas medidas aseguran que la vigilancia y el cuidado de las PPL se realicen en condiciones apropiadas y conforme a la naturaleza de cada organismo involucrado.
En junio de 2024, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento halló que el centro de detención Isla Naval presentaba precarias condiciones de salubridad por cuenta de la baja capacidad de alojamiento del recinto en comparación con el número de personas detenidas.
Este espacio, diseñado para alojar a un número reducido de internos, albergaba para ese entonces 26 personas, incluyendo 19 extranjeros y 7 colombianos, todos en espera de que se defina su situación jurídica y migratoria.
La Procuraduría subrayó que el hacinamiento ha dado lugar a brotes de enfermedades como paludismo, gastritis, enfermedades respiratorias y alergias en la piel. Estas condiciones se agravan por la falta de ventilación adecuada, zonas de baños deficientes y una alimentación insuficiente.
El Ministerio Público calificó la situación sanitaria como crítica ya que pone en riesgo los derechos humanos de los detenidos y presenta alto riesgo de fuga masiva por la vulnerabilidad estructural del recinto.
Así las cosas, el procurador Sarmiento resaltó la urgencia de trasladar a los internos a otro centro de detención transitoria o a un establecimiento de reclusión que garantice condiciones mínimas de dignidad y seguridad. “Evidenciamos que este lugar no cuenta con las condiciones necesarias para el respeto de los derechos humanos de los internos”, dijo el funcionario, haciendo un llamado urgente a las autoridades para que se realicen las acciones necesarias para superar esta problemática.
“Solicitamos al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Armada Nacional y a la Alcaldía del Distrito de Buenaventura que realicen las coordinaciones y acciones necesarias para superar esta problemática. De igual manera, se solicita el cierre definitivo de este lugar de reclusión”, añadió Sarmiento, subrayando la gravedad del caso.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), las personas privadas de la libertad tienen una serie de derechos que deben ser respetados independientemente de su situación jurídica o legal. Estos derechos incluyen, pero no se limitan a la vida y la integridad física y mental, la dignidad humana, el derecho a la salud, la alimentación, el acceso a la justicia, la comunicación con el mundo exterior, a una detención segura y no discriminatoria, entre otras.
En ese sentido, las prisiones o centros de detención superpoblados suelen conducir a condiciones de vida inhumanas, donde la falta de espacio, higiene y recursos básicos prevalece y esto termina afectando de manera directa los derechos básicos de los reclusos, incluyendo el acceso a una vida digna.