Karen Manrique, representante a la Cámara por el departamento de Arauca e integrante de las 16 curules de paz, fue mencionada de manera prominente en las recientes revelaciones divulgadas por Noticias Caracol. Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), señaló a Manrique como una de las figuras clave en supuestos contratos diseñados para beneficiar a varios congresistas en la aprobación de reformas del Gobierno nacional.
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López afirmó que Manrique habría servido como intermediaria en contratos que, supuestamente, fueron otorgados al ELN bajo instrucciones de ministros y altos funcionarios para mantener abierto el diálogo con el grupo guerrillero. Según el exdirector de la Ungrd, estos contratos están en el centro de las investigaciones que ahora realiza la Corte Suprema de Justicia.
En respuesta a estas denuncias, Karen Manrique publicó un video en la red social X, donde aseguró que sus visitas a esa entidad responden exclusivamente a tareas de gestión para sus comunidades: “Mis visitas han sido de gestión, para el mejoramiento de vías y la alimentación escolar”. La congresista también enfatizó que su rol no le permite conocer el manejo específico de los recursos.
Manrique, quien ha mantenido reuniones con altos funcionarios incluyendo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla —otro de los funcionarios mencionados por López—, expresó su preocupación por el posible impacto de estas acusaciones en sus labores como interlocutora de las comunidades víctimas del conflicto. “Espero que esta situación no me cierre las puertas como la interlocutora de mis comunidades,” declaró.
En su video, de casi cinco minutos de duración, Manrique no abordó los episodios específicos referenciados por López en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia. Este aspecto ha generado críticas, ya que las implicaciones de estas revelaciones podrían ser significativas no solo para ella, sino también para las dinámicas políticas en su región y a nivel nacional.
Además de su papel en la intermediación de contratos, Olmedo López dijo que estos acuerdos eran parte de esfuerzos mayores para la negociación con el grupo guerrillero ELN. No obstante, Manrique rebatió estas afirmaciones calificándolas de persecutorias debido a su posición como representante de comunidades víctimas del conflicto armado en Arauca.
Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la congresista para esclarecer estos asuntos. La revisión judicial se centrará en determinar la veracidad de las denuncias y la implicación de distintos actores políticos y gubernamentales en este proceso.
La presunta presión de congresistas
La presunta presión de algunos congresistas colombianos para beneficiar contratos al ELN es el tema de mayor relevancia en el país. Olmedo López, exdirector de Ungrd, acusó a varios legisladores de intentar direccionar contratos millonarios hacia el grupo guerrillero. Según López, estos congresistas, incluyendo a la representante Karen Manrique, habrían presionado para asignar contratos por un valor total de 92.000 millones de pesos colombianos.
López señaló que el propósito de estos contratos era apoyar las negociaciones de paz con el ELN y asegurar la estabilidad en diversas regiones conflictivas del país. De acuerdo con López, Karen Manrique y otros legisladores buscaban que estos contratos se destinaran a municipios dominados por la guerrilla, como Saravena, en el departamento de Arauca. La estrategia, según López, era “garantizar votos positivos en proyectos de ley clave para el gobierno”.
La situación ha suscitado un debate intenso en torno a la ética y los límites de las negociaciones de paz en Colombia. Las acusaciones de López han puesto bajo la lupa las relaciones entre el Estado y los grupos armados, especialmente en un contexto donde se persiguen acuerdos para poner fin a décadas de conflicto.
En un contexto más amplio, estas revelaciones ocurren en medio de los esfuerzos del Gobierno colombiano por consolidar la paz en regiones afectadas por el conflicto armado. Además, los intentos de presionar para beneficiar contractual y políticamente a un grupo guerrillero como el ELN pueden tener implicaciones serias, tanto en términos de confianza pública como de legalidad.