En la noche del 5 de julio, un nuevo caso de sicariato se registró en el barrio Cabecera, en Bucaramanga, en donde fue asesinado Óscar Daniel Robayo Silva, un hombre de 31 años, que estaba en compañía de Aldair Arturo Turizo Velandia, de 25 años, y Laura Camila Cuadros, de 24 años, que resultaron heridos en el hecho.
Al llegar al sitio en el que se registró el crimen, las autoridades en la capital de Santander identificaron que dentro del vehículo en el que se encontraba la víctima había 61 bolsas herméticas con tusi y cocaína; además, la víctima tenía en su poder un arma traumática y varios cartuchos.
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Sumado a esto, se conoció que Robayo Silva tenía antecedentes relacionados con su participación en organizaciones criminales, por lo que una de las hipótesis que manejan las autoridades es que se pudo tratar de un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales.
“Recibimos un llamado de varios ciudadanos que se habían presentado unos disparos. Llegamos al lugar y encontramos dentro del vehículo a un hombre sin vida con varios disparos, así como a otras dos personas lesionadas que trasladamos a un centro médico”, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general Henry Yesid Bello Cubides.
Desde que se registró el crimen, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, había guardado silencio, pero esto cambio en la tarde del lunes 8 de julio, puesto que desde su cuenta de X reveló detalles desconocidos del caso y criticó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
En primer lugar, Beltrán reveló que Óscar Daniel Robayo Silva había sido capturado en múltiples ocasiones por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, pero esto no impidió que recibiera el beneficio de prisión domiciliaria, lo que, según el mandatario local, le permitió al sujeto seguir delinquiendo.
Sobre los registros judiciales que existían sobre Robayo, se conoció que fueron por lesiones personales en 2014, 2019 y 2020, además de porte de armas en 2018 y por tráfico de estupefacientes en 2023.
“Nos reunimos con representantes del sector judicial para analizar casos puntuales como este, en los cuales peligrosos delincuentes no tienen medida intramural y siguen con su actuar criminal o son asesinados como en este caso, aumentando la percepción de inseguridad en la ciudadanía”, indicó Jaime Andrés Beltrán.
Dado que no es la primera vez que personas que cumplen penas mediante el beneficio de casa por cárcel son detenidas por las autoridades o son víctimas de ajustes de cuentas por disputas entre bandas delincuenciales, Beltrán volvió a pedir que se estudie a fondo la aprobación de estos recursos y se lleve a cabo un seguimiento constante de estos reclusos.
“Hacemos el llamado respetuoso para que peligrosos criminales no se les dé beneficio de detención domiciliaria, sino que sean recluidos definitivamente en centro penitenciario”, puntualizó el alcalde de la capital de Santander.
El caso anterior que desató el enojo de Beltrán contra el Inpec se registró el 1 de julio cuando las autoridades capturaron a alias Cachetes, un criminal que tenía ocho anotaciones por hurto, porte de armas y fuga de presos; aunque estaba purgando una condena por estos delitos, el hombre fue detenido en flagrancia mientras portaba un brazalete del Inpec.
“Todos los días la Policía captura a delincuentes con brazalete del Inpec, campantes por la calle, armados y delinquiendo. Necesitamos que el Inpec endurezca el monitoreo de estos presos con detención domiciliaria, porque esta medida no se puede convertir en una burla”, fue el mensaje que emitió Beltrán en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en ese momento.