El Clan del Golfo tendría más de 14 mil hombres: más que las disidencias de las Farc y el ELN juntos

Ricardo Giraldo, abogado del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, aseguró que esta organización criminal ha superado ampliamente a las disidencias de las Farc y al ELN en términos de número de combatientes.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, Giraldo afirmó que el Clan cuenta actualmente con más de 14.000 hombres en armas, superando así las cifras reportadas por otras fuentes en años anteriores.

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“Que Magdalena Medio, no es que exista un bloque nuevo, ese bloque está desde hace muchos años y los 7.000 hombres en armas, eso pasó hace mucho rato. Hoy en día, varias ONG internacionales han reconocido que hablan de más de 14.000. Esto es una locura, si no se frena, si no hay diálogos de paz y no hay una negociación, pues obviamente lo que me están diciendo es que 7.000 es noticia como la canción de salsa Periódico de ayer, y que ya son más de 14.000″, comentó Giraldo.

En un informe de inteligencia del año pasado, las autoridades sostuvieron que el Clan del Golfo tenían por lo menos cinco mil integrantes, lo que representa un incremento del 23% en comparación con 2022.

Sin embargo, estas cifras difieren significativamente de las proporcionadas por el excomisionado de paz, Danilo Rueda, quien estimó que a principios de 2023 el grupo armado contaba con cerca de 9.000 hombres, cifra que subió a 14.000 hacia finales del mismo año, lo que representaría un crecimiento del 55%.

Independientemente de las discrepancias en los números, lo cierto es que el Clan del Golfo ha experimentado un notable crecimiento en el último año. El crecimiento podría estar apalancado en un modelo operativo que combina la tercerización criminal, un diversificado portafolio de actividades ilícitas altamente lucrativas y una estrategia de control social y político sobre las comunidades bajo su control.

El centro de operaciones del Ejército Gaitanista de Colombia se sitúa principalmente en el norte del país, destacando el Urabá antioqueño como su retaguardia histórica. En localidades como Chocó, Bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar, el grupo ha ganado terreno en enfrentamientos con el ELN y las disidencias de las Farc.

La rivalidad entre el EGC y el ELN ha derivado en disputas territoriales desde 2018 por el control de áreas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal en Antioquia y Chocó, donde las el Clan del Golfo han logrado expandir su influencia en territorios tradicionalmente dominados por el ELN.

En un reciente giro hacia una solución pacífica, el Clan del Golfo envió una carta al presidente Gustavo Petro, fechada el 5 de julio de 2024, manifestando su disposición a participar en un proceso de paz y solicitando al Gobierno ciertas medidas para avanzar en este objetivo.

En su carta al presidente Gustavo Petro, los criminales manifestaron su compromiso con la propuesta de paz total del gobierno desde el inicio del mandato de Petro el 7 de agosto de 2022. En apoyo a esta iniciativa, el EGC ha implementado un cese al fuego unilateral en sus operaciones ofensivas.

En su comunicación, el EGC resaltó una solicitud enviada el 23 de abril, donde pidieron al Gobierno que gestione ante la Fiscalía General de la Nación el levantamiento de las órdenes de captura que existen contra los miembros del Estado Mayor Conjunto y el Director Político Nacional del EGC. Los integrantes del grupo narcoparamilitar consideran que esta acción es esencial para poder sentarse y formar parte del programa de paz más ambicioso del Gobierno.

Finalmente en su misiva el EGC expresó su preocupación por la aparición de numerosos individuos que, alegando ser enviados del Gobierno, han intentado acercarse a la organización para negociar en nombre del Estado.

Ante esta situación, el EGC solicitó al presidente Petro que designe públicamente a los representantes oficiales del Gobierno que estarán encargados de llevar adelante las conversaciones de paz. Esta medida es necesaria para evitar confusiones y garantizar que las negociaciones se realicen con los interlocutores legítimos designados por el Gobierno.