Un duro golpe a la economía en el departamento del Cauca se conoció recientemente, tras el cierre definitivo de dos reconocidos hoteles que llevaban varios años de operación.
Los establecimientos comerciales estaban ubicados en los municipios de Coconuco - Puracé y Silvia, este último, uno de los más afectados por hostigamientos de las disidencias de las Farc hacia la fuerza pública, y en los que se ha visto afectada la población civil.
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Los dos hoteles cerraron sus puertas el viernes 5 de julio, y se le atribuye principalmente a la situación de orden público y los bloqueos en la vía Panamericana, que en lo corrido de 2024 suman más de 25 eventos.
Al respecto, Jhon Janio Álvarez, representante legal de la empresa Destino Pacífico, operador encargado del funcionamientos de los hoteles, indicó que, a pesar de las alianzas estratégicas para mantenerse, no fue suficiente y como consecuencia dejó su cierre definitivo: “Ha sido imposible operar estos destinos (…) La verdad es que a pesar que hemos tenido muy buenos aliados a nivel nacional con agencias, nos hemos visto obligados a cancelar muchas reservas por parte de nuestros proveedores y se ha vuelto insostenible la situación”.
“Además en el Cauca se han intensificado las acciones por parte de grupos armados lo que hace poco atractivo al departamento para el turismo”, complementó el representante legal de Destino Pacífico.
A su vez, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca explicó los efectos negativos de cada bloqueo que se realiza en la Panamericana, vía principal que conecta el suroccidente del país. “Con cada bloqueo en la vía Panamericana se dejan de movilizar cerca de 12 mil viajeros y las pérdidas para los sectores productivos uno de ellos el transporte son de 700 millones de pesos”.
De acuerdo con información conocida por el portal Radio 1040, ambos hoteles pertenecían a la caja de compensación Comfandi y que, para optimizar su funcionamiento, fueron entregados a Destino Pacífico. Según el medio, dicho operador incrementó las tarifas, lo que no habría generado los resultados económicos esperados.
Previamente, esa compañía había clausurado el hotel turístico de San Andrés de Pisimbalá en el municipio de Inzá (Cauca). En esas zonas hay inquietud ya que los hoteles proporcionaban empleo y apoyaban el desarrollo económico de estos municipios del Cauca.
Cada dos días y medio bloquean una vía en el país, según informe de la Defensoría del Pueblo
Una de las estrategias frecuentemente utilizada en el país para expresar inconformismo, generalmente, contra el gobierno de turno, es a través de bloqueos en las principales vías del país o, incluso, medidas más drásticas como los llamados “paros”, en los que suspenden toda actividad colectiva para generar un mayor impacto.
A propósito, la Defensoría del Pueblo reveló el reporte Conflictos y desafíos del transporte terrestre en Colombia, citado por El Tiempo, que evidencia que entre 2022, 2023, hasta abril de 2024, se han registrado 665 conflictos sociales que se relacionan con el sector del transporte. Estos casos se dividen en cierres, bloqueos, concentraciones y marchas, siendo Antioquia la región con mayor número de eventos, con 69 episodios.
A Antioquia le sigue Bogotá, con 64 eventos; Santander, con 54; Bolívar, con 48; Atlántico, con 39; Cundinamarca, con 38; y Valle del Cauca, con 34; que completan un total de 227 municipios en 28 departamentos.
En el análisis, la Defensoría identificó serias dificultades en el ámbito del transporte nacional, atribuyéndolas a políticas nacionales ineficaces y falta de regulación adecuada. Según la entidad, una proporción significativa de los 665 conflictos registrados en el sector se relaciona con interrupciones en las vías, específicamente bloqueos y cierres de carreteras, que constituyen el 54% de los casos.
Estos bloqueos de vías, que ascienden a 359 eventos documentados, ocurren en promedio cada dos días y medio desde 2022. Las concentraciones ciudadanas representan el 20% de los conflictos, mientras que el 13% se debe a marchas, de acuerdo con el informe divulgado por la Defensoría. La institución también destacó que aunque se han adoptado medidas para abordar las quejas de los transportadores, estas no han sido suficientes debido a los constantes cambios en los procesos administrativos y la falta de comunicación efectiva entre los diferentes actores.