La Procuraduría General de la Nación ha ordenado el inicio de una indagación previa contra funcionarios aún por determinar del Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional, debido a presuntas irregularidades detectadas en dos contratos suscritos entre dicha entidad y el Ejército Nacional. Estos contratos tenían como objetivo la construcción de unidades residenciales en las localidades de Nilo, en Cundinamarca, y Buenavista, en la Guajira. La investigación se centrará en esclarecer posibles actos de corrupción y mala gestión en la ejecución de los mencionados proyectos.
De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público sobre la situación, no hay claridad sobre la utilización de los anticipos por más de $2.000 millones entregados en 2019 y 2021 para la ejecución de las obras.
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Según la entidad la Regional de Instrucción de Cundinamarca recibió datos que señalan una posible pérdida de fondos, debido a la interrupción de las obras de edificación de 36 viviendas. Dichas casas estaban programadas para ser entregadas en un lapso de nueve meses tras la firma del acta de inicio del contrato.
El Ministerio Público indicó que, aparentemente, las obras se interrumpieron en agosto y que los contratos vencieron, sin que exista claridad sobre el destino de los anticipos por más de $2.000 millones otorgados en 2019 y 2021. Este escenario llevó a la imposición de multas y al inicio de procedimientos sancionatorios debido a los incumplimientos parciales.
En ese sentido la Procuraduría General añadió en su comunicado que: “La actuación disciplinaria que inició la Entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
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Por otro lado, en otra de las acciones recientes realizadas por la entidad, se informó con respecto a un concejal de Zarzal, Valle del Cauca, que por presuntas irregularidades en su posesión le fueron formulados cargos por parte del Ministerio Público.
En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación presentó un pliego de cargos contra Luis Carlos Arana Quintero, concejal de Zarzal, Valle del Cauca, para el período 2024 - 2027, por haberse posesionado en su cargo sin considerar que, al parecer, había firmado contratos de prestación de servicios con el Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural.
Igualmente, con respecto a lo último dijeron que la Provincial de Instrucción de Cartago señaló que el contrato firmado un año antes de su elección incluía a Zarzal en su plan de ejecución, lo que inhabilitaba al funcionario para ser elegido miembro de la corporación donde empezó sus funciones el 2 de enero de 2024.
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El ente de control destacó que el funcionario posiblemente infringió el régimen de inhabilidades al participar activamente en las sesiones de la corporación, omitiendo cumplir con las restricciones establecidas por dicho régimen.
Al respecto la Procuraduría concluyó diciendo sobre dicho caso que: “la Entidad adujo que con la posible omisión de Arana Quintero se vulneró el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó la supuesta falta como gravísima cometida a título de culpa gravísima”.
Con respecto a dicho caso el Ministerio Público dijo en su cuenta de X que: “Concejal de Zarzal (Valle del Cauca) se habría posesionado sin tener en cuenta que estaría inhabilitado por tener contratos con el Instituto para la investigación y preservación del patrimonio cultural y natural. @PGN_COL formuló cargos”.
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En otra de las acciones recientes de la entidad, presentó cargos contra la jefa de la unidad de salud en Caldas, acusándola de incurrir en conductas que podrían constituir acoso laboral. Se alega que desacreditó profesionalmente a un subalterno, afectando su desempeño y bienestar en el entorno laboral.