Trabajadores de las empresas privadas tendrían las mismas garantías que los empleados públicos: esto dice el proyecto de ley

El senador Jairo Alberto Castellanos presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la República con el objetivo de dar protección laboral a los trabajadores del sector privado que se encuentran cerca de la jubilación.

Actualmente, los empleados del sector público gozan de una medida que les impide ser despedidos injustamente durante los cinco años previos a cumplir con los requisitos para obtener la pensión de vejez. Castellanos busca extender esta garantía al sector privado para asegurar que estos trabajadores cuenten con la seguridad y estabilidad laboral necesarias en dicha etapa crucial de sus vidas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El senador afirmó que la diferencia actual representa una “grave injusticia” que afecta a los trabajadores del sector privado, quienes también han dedicado años de esfuerzo y lealtad a sus empleadores.

“Es inconcebible que los trabajadores del sector privado no tengan la misma protección que en el sector público. Estos trabajadores merecen la tranquilidad de saber que podrán culminar sus carreras sin el miedo de perder su empleo justo antes de pensionarse”, aseguró Castellanos.

Su proyecto de ley busca que las empresas privadas no puedan despedir a un trabajador que esté a cinco años o menos de cumplir con los requisitos para la pensión de vejez, salvo en casos justificados o con permiso de trabajo.

Actualmente, los empleados del sector público disfrutan de una especial protección que les impide ser despedidos de manera injustificada durante los cinco años previos a su jubilación.

Esta medida, según Castellanos, no debería ser exclusiva para el sector público ya que muchos empleados del sector privado enfrentan incertidumbre y temor a perder sus empleos cercanos a la jubilación. El senador ha enfatizado en numerosas ocasiones la necesidad de equiparar las condiciones laborales entre ambos sectores para evitar situaciones de desempleo crítico y precariedad en una etapa avanzada de la vida laboral.

El proyecto de ley ha sido acogido con interés porque busca mayor equidad y justicia en las relaciones laborales en Colombia. Si se aprueba, representará un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores del sector privado. “A una edad avanzada, resulta mucho más difícil conseguir un nuevo empleo”, manifestó Castellanos, subrayando la vulnerabilidad de los prepensionados del sector privado ante despidos injustificados.

“Es necesario asegurar que los trabajadores del sector privado puedan llegar a la jubilación sin el riesgo de perder su sustento”, añadió. De acuerdo con él, la situación actual deja a muchos trabajadores sin la debida protección, exponiéndolos a un período de gran inestabilidad justo antes de alcanzar su jubilación.

De la mano del exrepresentante a la Cámara Víctor Manuel Ortiz Joya se radicó un proyecto de ley con el que se buscaba proteger a los prepensionados. El texto de la ley abarca diversas disposiciones diseñadas para garantizar la estabilidad laboral y los derechos de aquellos trabajadores próximos a cumplir los requisitos para la pensión de vejez.

La ley define al prepensionado como “la persona vinculada laboralmente al sector público o privado, que le falten tres años o menos para acreditar la edad de pensión de vejez o, teniendo la edad para pensionarse, le falten 156 semanas o menos de cotización al sistema pensional para consolidar su derecho a la pensión”.

Este grupo de trabajadores, de acuerdo con ese texto, debía gozar de estabilidad laboral reforzada para evitar el retiro del cargo o la terminación del vínculo laboral, “si esto pone en riesgo o en situación de vulnerabilidad el derecho a la pensión y el ingreso mínimo de la persona”.

Según ese proyecto, los prepensionados del sector público nombrados en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, debían gozar de “protección especial mediante la continuidad de su aporte al Sistema de Seguridad Social tanto en salud como en pensión a cargo de la entidad o empleador, hasta el día que se le notifique y quede en firme el reconocimiento de la pensión”. De igual forma, los servidores públicos en cargos de libre nombramiento y remoción también se beneficiarán de esta protección especial.

En cuanto a los trabajadores del sector privado, planteaba que si se les terminaba su relación laboral sin justa causa, debían continuar recibiendo los aportes al Sistema de Seguridad Social tanto en salud como en pensión, “hasta el día que se le notifique y quede en firme el reconocimiento de la pensión por parte de la entidad administradora de pensiones”. Además, establecía que “la cotización efectuada por la entidad o empleador deberá obedecer al promedio de cotización a la seguridad social de los últimos tres años laborales”.

El proyecto de ley también abordó la situación de los trabajadores independientes prepensionados. Les permitía realizar pagos exclusivamente al sistema de seguridad social en pensiones si no tienen ingresos mayores a un salario mínimo, otorgándoles la posibilidad de ser beneficiarios del sistema de seguridad social en salud bajo el régimen subsidiado o como beneficiarios de familiares que contribuyan al régimen contributivo.

Sin embargo, a pesar de su interés, este no prospero.