
La Contraloría General de la República inició control preventivo a los recursos públicos destinados a la implementación del nuevo modelo de salud magisterio.
Este control se adelantará mediante una actuación intersectorial de las contralorías delegadas para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Educación y Salud, así como por la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (Diari).
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El ente de control fiscal entregó detalles del seguimiento a realizar: “En esta actuación se analizarán el funcionamiento del nuevo modelo, las principales diferencias frente al que estuvo vigente hasta el 30 de abril de 2024, las adecuaciones administrativas requeridas en la fiduciaria administradora, el manejo financiero y, transversalmente, la contratación adelantada”.
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De acuerdo con la Contraloría, desde el 1 de mayo, el modelo de atención en salud para los docentes en Colombia experimentó un cambio, que ha generado numerosas quejas de los docentes y sus beneficiarios, quienes han reportado deficiencias en la atención y dificultades en el acceso a medicamentos y a procedimientos de distinta índole.
Ante la contingencia, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) expidió, el 16 de mayo, una circular en la cual autorizó que todas las IPS públicas, privadas y mixtas del país, puedan prestar los servicios de salud y/o tecnologías que sean requeridos por los usuarios, incluyendo la entrega de los medicamentos de baja complejidad, de alto costo o control especial sin previa autorización.
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Lo anterior, incluso, si dichas IPS no han sido contratadas por el Fomag; así como facturar los servicios bajo la modalidad de pago por evento a la tarifa Soat plena o a la tarifa ofrecida en su portafolio vigente al patrimonio autónomo del Fomag, administrado por la Fiduprevisora, con la cual se generan nuevos riesgos sobre el proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior y ante la eventual materialización de riesgos en la puesta en marcha del nuevo modelo, la Contraloría hizo un llamado a todos los actores responsables de la regulación, ejecución e inspección y vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos asociados, para que “su gestión se oriente a garantizar la atención en salud de los maestros”.
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Así mismo, solicitó la debida transparencia en el uso de esos dineros y, “se establezcan mecanismos efectivos de control y seguimiento para evitar y conjurar traumatismos en la prestación de los servicios y afectación del patrimonio público”.
Precisamente, ante las quejas de los docentes por la falta de atención en salud que presenta el sistema, el martes 21 de mayo, la Superintendencia de Salud impuso medida cautelar a la Fiduprevisora y al Consejo Directivo del Fomag por no atender los llamados que ha realizado la entidad.
De acuerdo con el superintendente Luis Carlos Leal: “El objetivo principal de este tipo de medida es la eliminación de cualquier tipo de barrera que esté afectando en este momento la adecuada atención de los pacientes, garantizando continuidad y calidad en la prestación de servicios de salud”.
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Y es que, más de 2.100 reclamaciones han sido registradas por usuarios en un periodo inferior a 20 días, y se ha documentado la negativa de las entidades de responder a 11 requerimientos. En consecuencia, la Supersalud ordenó el cese inmediato de cualquier actividad “que esté poniendo en riesgo la vida y la salud de los maestros y maestras en Colombia”, afirmó Leal.
Adicionalmente, otorgó un plazo máximo de 72 horas para que la Fiduprevisora y el Fomag cumplan con la medida cautelar y presenten un informe detallado de las acciones a seguir para garantizar el derecho a la salud de los maestros, en un periodo de cinco días hábiles.
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