El Gobierno enfrenta serias dificultades de liquidez debido a una combinación de menor recaudo tributario y un elevado perfil de amortizaciones para 2024, según un reciente informe del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia.
Este análisis detalla cómo, en varias ocasiones a lo largo del año, la disponibilidad de caja en la cuenta del Tesoro Nacional en el Banco de la República ha alcanzado niveles mínimos históricos.
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El informe de Bancolombia resalta que “durante el 2024, los datos del Banco de la República han revelado que las disponibilidades del Ministerio de Hacienda han representado un promedio de 0,8% del producto interno bruto (PIB), el nivel más bajo desde el 2004 para los periodos comparables (enero – abril)”. Esto significa que actualmente la caja disponible del Gobierno es sustancialmente menor que en años anteriores.
En abril, la situación se agravó, con las disponibilidades del Tesoro Nacional cayendo a un mínimo de 0,5% del PIB, lo que equivale a un saldo promedio de 8,54 billones de pesos. “Este monto es el más bajo de las últimas dos décadas. Desde 2004, los Gobiernos usualmente mantuvieron una caja equivalente a 1,9% del PIB en los periodos homólogos”, indicaron los economistas del estudio.
La baja disponibilidad de caja afecta la ejecución presupuestal del Gobierno. Según el informe, “como consecuencia de la baja caja del Gobierno, la ejecución se ha visto comprometida; en los primeros cuatro meses de este año se registra un rezago significativo frente a las referencias de años anteriores”.
De hecho, al cierre de abril, la ejecución del Presupuesto General de la Nación de 2024 era del 33%, inferior al promedio del 36% observado desde 2018 en el mismo periodo del año.
El informe añade que “un menor recaudo tributario, debido a una dinámica particularmente débil en el impuesto de renta e IVA y un perfil de amortizaciones muy elevado para 2024 están detrás de las dificultades que ha encontrado el Gobierno en términos de liquidez. Esto ha redundado en bajas disponibilidades de la Dirección del Tesoro Nacional (DTN) y en un aumento en la liquidez del sistema financiero”. Este detalle señala que los ingresos fiscales han sido significativamente más bajos este año.
En comparación con el año anterior, en el que el impuesto de renta creció un 12,8% anual en términos reales durante el primer trimestre de 2023, este año su crecimiento se ha moderado drásticamente a solo un 1,7% anual. El deterioro en el recaudo del impuesto al valor agregado (IVA) también es evidente, ya que ha experimentado una desaceleración en 2024 relacionada con una caída en las importaciones debido a la desaceleración económica.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en febrero, las importaciones alcanzaron los 4.820 millones de dólares, registrando una disminución del 4,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El informe de Bancolombia indica que en el primer trimestre de 2024 el IVA externo cayó un 30,3% anual en términos reales, profundizando la tendencia observada desde el primer trimestre de 2023, cuando el IVA externo ya había decrecido un 5,4 por ciento en términos reales.
Sacudida en la economía
Las recientes dificultades de liquidez del Gobierno, derivadas de un menor recaudo tributario y un perfil de amortizaciones elevado para 2024, ponen de manifiesto una serie de desafíos económicos y fiscales que podrían tener profundas consecuencias para el país.
- Atrasos en proyectos y programas gubernamentales: la baja liquidez y ejecución presupuestal pueden causar importantes retrasos en infraestructura, salud, educación y otras áreas clave, afectando negativamente el desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos al tener que priorizar ciertos gastos y postergar o cancelar otros.
- Aumento del déficit fiscal: la situación podría llevar al Gobierno a financiarse con endeudamiento, incrementando la deuda pública y los costes de financiamiento. Esto podría deteriorar la percepción del manejo financiero del Gobierno y bajar su calificación crediticia.
- Reducción en políticas sociales y de bienestar: la necesidad de ajustar el presupuesto por falta de liquidez podría implicar recortes en programas sociales y subsidios, aumentando las tasas de pobreza y desigualdad, y debilitando la capacidad del Gobierno para responder a emergencias y desastres, afectando la cohesión y estabilidad social.