Policías hurtaron dinero y un arma durante un procedimiento de registro: fueron enviados a la cárcel

Los uniformados se apropiaron de las pertenencias que estaban dentro de un vehículo que registraron

Los uniformados hurtaron dinero y un arma durante un procedimiento de registro a un vehículo - crédito Colprensa.

Dos policías señalados de hurtar varios elementos durante un procedimiento de registro que se llevó a cabo en el Valle del Cauca el primero de mayo de 2024 fueron enviados a la cárcel.

Desde la Fiscalía General de la Nación informaron que los agentes, que fueron detenidos en distintos operativos que se ejecutaron de manera paralela, fueron imputados por los delitos de concusión, prevaricato por omisión, hurto calificado y falsedad ideológica en documento público.

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La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia a dos miembros de la Policía Nacional, identificados como Yeferson Smith Rodríguez Vargas y Luis Arnulfo Parrado Pérez.

Los agentes, detenidos en operativos coordinados en Buga y Dagua, Valle del Cauca, enfrentan acusaciones por actos indebidos durante un operativo realizado entre los municipios de Calima y Darién, en el Valle del Cauca, el pasado 1 de mayo.

Policías capturados por hurtar elementos durante un procedimiento de registro - crédito Fiscalía

Investigaciones realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y miembros del Ejército Nacional revelan que Rodríguez Vargas y Parrado Pérez habrían abusado de su autoridad para inspeccionar y sustraer ilegalmente 10 millones de pesos y un arma de fuego de un vehículo particular.

“Las labores de policía judicial dan cuenta de que los hoy imputados se habrían valido de su cargo para registrar un vehículo particular que se encontraba en una vía pública y del cual, al parecer, sustrajeron 10 millones de pesos y un arma de fuego”, dice el comunicado emitido por el ente acusador.

El hurto de los objetos que estaban en el vehículo no fue la única irregularidad durante el procedimiento adelantado por los uniformados, de acuerdo con las investigaciones, también se les acusa de haber exigido un millón de pesos a la víctima para evitar su procesamiento judicial, basando su informe en evidencia y testimonios falsificados sobre el descubrimiento del arma.

Lo anterior ocurrió en la estación de Policía de Darién, a donde fue trasladada la víctima del hurto de dinero y el arma de fuego.

El juez de control de garantías ordenó la detención preventiva de los implicados en un centro carcelario, considerando la gravedad de las acusaciones y la evidencia presentada. La imputación de los delitos subraya la seriedad con la que las autoridades están abordando el abuso de poder y la corrupción dentro de las fuerzas del orden.

“Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca les imputó a los capturados los delitos de concusión, prevaricato por omisión, hurto calificado y falsedad ideológica en documento público. El juez de control de garantías decidió que los patrulleros deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario”, añadieron desde la Fiscalía en el comunicado.

Hombre acusado por violar a nueve menores de edad en Bogotá fue capturado por el CTI de la Fiscalía - crédito Freepik

Así mismo, el ente investigador informó que los policías no aceptaron los cargos, es decir, se declararon inocentes de lo que se les acusa; sin embargo, el juez se mantuvo firme en su decisión de enviarlos a la cárcel mientras las investigaciones continúan.

Policías fueron capturados en un fleteo en Bogotá

En la capital del país se registró un caso similar a mediados de abril de 2024, cuando dos miembros activos de la Policía Metropolitana fueron enviados a la cárcel por el juez 34 penal municipal de control de garantías.

Los uniformados fueron señalados por la Fiscalía General de la Nación como partícipes en el fleteo a un comerciante en la localidad de Kennedy.

“Además de ser graves por su modalidad, merecen un reproche adicional de la administración de justicia en torno a que, tanto Jairo Mora como Víctor Alonzo Barajas eran funcionarios de Policía, son estos encargados de que el cumplimiento de las normas sea el adecuado. No espera un ciudadano que sean funcionarios de Policía, que están a servicio de la comunidad, quien los aborde y los despojen de sus pertenencias”, indicó el juez 34 penal.

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