La tranquilidad de la subregión Pacífico Norte del Chocó se ve amenazada por el recrudecimiento de la violencia, según un informe emitido por la Defensoría del Pueblo. El documento señala que el repliegue y fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como Clan del Golfo, y la guerrilla del ELN, están provocando un aumento en los desplazamientos forzados, tanto individuales como colectivos, así como confinamientos y restricciones a la movilidad.
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Carlos Camargo Assis, el Defensor del Pueblo, ha puesto especial énfasis en el alto riesgo que corren los habitantes de Juradó, Bahía Solano y Nuquí. Estos municipios enfrentan una situación crítica debido a la presencia y acciones de estos grupos armados ilegales. La población local sufre amenazas, reclutamiento forzado de menores, homicidios selectivos, masacres y violencias basadas en género, incluyendo la trata de personas.
La alerta de la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), había previsto estos acontecimientos, que ahora se ven reflejados en las confrontaciones bélicas que azotan el territorio. Estos conflictos han derivado en restricciones severas a las actividades cotidianas y han exacerbado la crisis humanitaria, especialmente en las comunidades negras, afrocolombianas e indígenas, cuyas cosmovisiones y tradiciones están siendo vulneradas.
“Hay vulneraciones a las cosmovisiones de los grupos étnicos, a sus usos y costumbres, lo que agudiza la crisis humanitaria en los territorios de comunidades negras, afrocolombianas e indígenas”, fueron las palabras del defensor del Pueblo.
La crisis de seguridad y orden público se agrava con las restricciones impuestas por el Frente de Guerra Cimarrón del ELN y los enfrentamientos con el Bloque Pacífico del Clan del Golfo. Estos choques tienen lugar en una zona estratégica, fronteriza con Panamá, donde la geografía juega un papel crucial. Los municipios afectados, con su acceso al océano Pacífico y su cercanía a Panamá, se encuentran en una ruta clave para el tráfico de armas, migrantes y cocaína.
El defensor del Pueblo hace un llamado a la acción para proteger a los ciudadanos y preservar sus derechos fundamentales, mientras las autoridades buscan soluciones para restaurar la paz y el orden en esta región vital para Colombia.
Carlos Camargo Assis ha destacado que, más allá de las preocupaciones por la alteración del orden público, existen problemas estructurales profundos que afectan a las comunidades de Juradó, Bahía Solano y Nuquí. Estos problemas se manifiestan en la insuficiente presencia institucional en estos territorios, lo que se traduce en una falta de servicios públicos esenciales como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.
Además, se observa una atención sanitaria deficiente, una inversión educativa insuficiente, una oferta limitada de vivienda y una inversión social precaria.
“Las comunidades de esos tres municipios también tienen problemas de carácter estructural, relacionados con la escasa o nula presencia institucional en gran parte de sus territorios, lo cual se refleja en la carencia de servicios públicos domiciliarios, como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, una deficiente atención en salud, la poca inversión en educación, la escasa oferta de vivienda y la precaria inversión social”, fueron las palabras de la institución.
La alerta temprana emitida por la Defensoría lleva consigo un llamado humanitario y de derechos, con el objetivo de que las autoridades gubernamentales adopten medidas preventivas y protectoras para la comunidad del norte del Chocó. Esta región ha sido azotada por la violencia de grupos armados durante décadas, lo que ha generado una necesidad urgente de atención y protección.
Para mitigar el riesgo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que afectan tanto a la vida, la libertad y la integridad de los habitantes, el defensor, Carlos Camargo Assis, ha enviado una serie de recomendaciones. Estas buscan contener los niveles de riesgo y las infracciones que impactan a los residentes de las áreas urbanas y rurales de los municipios mencionados. Con estas acciones, la Defensoría espera generar un cambio significativo en la protección y el bienestar de estas comunidades vulnerables.