En una reunión en las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad expresó su inquietud por el empeoramiento de la situación de seguridad en Colombia.
Estados Unidos hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que haga efectiva su estrategia de seguridad, especialmente en vista del incremento de la violencia en regiones como Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo. Sin embargo, no fue el único estado que mostró preocupación, pues hasta el delegado de Rusia estuvo de acuerdo con lanzar esta alerta.
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El delegado adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, destacó la necesidad de acciones más contundentes, afirmando que las políticas actuales no son suficientes por sí solas. Es decir, pese a que las medidas contempladas en el Acuerdo de Paz firmado en 2016, como la desarticulación de grupos armados y la política de seguridad humana del Gobierno, son necesarias; estas serían también insuficientes.
Si bien Estados Unidos fue el Estado que más hizo hincapié en el problema de seguridad del país, otros miembros no se quedaron atrás. Ese fue el caso de Rusia que si bien destacó el compromiso de todas las partes en poner fin al conflicto armado en Colombia, también enfatizó la necesidad de una aplicación más efectiva de lo acordado, pues considera que hasta ahora ha progresado de manera lenta.
Asimismo, el país condenó la persistente violencia contra los firmantes de paz. El representante ruso expresó: “El nivel de violencia armada sigue siendo muy elevado. El hecho de que los excombatientes sigan sufriendo ataques, es algo inaceptable. Deben beneficiarse de las garantías de seguridad necesarias para reinsertarse en la vida civil”.
En esta misma línea se pronunció Antonio Guterres, el secretario General de la ONU, quien consigno en el primer informe trimestral de 2024 que Colombia debe acelerar las acciones que beneficien a las comunidades.
Además, Guterres hizo un llamado a la disidencia del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc (EMC), liderado por alias Iván Mordisco, para que ponga fin a la violencia contra los civiles, sobre todo luego del ataque hacia la comunidad indígena Nasa en el Cauca, que dejó como resultado el asesinato de la líder Carmelina Yule y que puso fin al cese al fuego en el suroccidente del país con ese grupo armado.
La participación de Colombia en el Consejo de Seguridad
La visita del Consejo a Colombia en febrero pasado fue crucial para evaluar los avances y desafíos que tiene el país en materia de paz. “Los actuales ceses al fuego bilaterales constituyen un paso importante para construir confianza en las negociaciones. Sin embargo, no sustituyen las políticas de seguridad”, dijo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de la ONU en Colombia.
Marcela Sánchez, quien fungió como representante de la sociedad civil ante la ONU y es directora de Colombia Diversa, también se refirió al cese de las hostilidades. Sánchez hizo un llamado al Gobierno Petro para que en todos los futuros acuerdos de cese al fuego se incluya la prohibición de la violencia sexual, así como para que se judicialice la violencia de género en las negociaciones con grupos armados.
Por su parte, el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, agradeció el respaldo internacional y propuso que los firmantes del acuerdo de paz en Colombia participen de manera rutinaria en las sesiones del Consejo de Seguridad sobre informes de Colombia.
Durante su intervención, Murillo enfatizó en que el Gobierno colombiano avanza decididamente en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y resaltó que se ha formalizado la entrega de cerca de 800.000 hectáreas de tierras a campesinos, indígenas y afrodescendientes, con un enfoque particular en las víctimas del conflicto armado y la población desplazada.
Además, mencionó que se ha asignado alrededor de un billón y medio de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de fortalecer su funcionamiento y garantizar el cumplimiento de su mandato.