Oposición quiere tumbar programa Jóvenes en Paz de Gustavo Petro: qué son los Promotores de la Legalidad

La oposición está en favor de un nuevo movimiento que frene los decretos que a su consideración han sido ilegales y han vulnerado a la población colombiana por parte del presidente Gustavo Petro.

Integrantes del Centro Democrático y Cambio Radical van a formar ‘Promotores de la Legalidad’ para frenar los desaciertos del Gobierno nacional, incluyendo el polémico proyecto de ‘jóvenes en paz’.

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Precisamente la representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez, junto al senador David Luna, radicó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para proteger los derechos e intereses colectivos, en particular, los relacionados con la “moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público”.

De acuerdo con los opositores de la colectividad dirigida por Germán Vargas Lleras, se solicita que se inaplique el artículo 44 “Monto y temporalidad de las transferencias monetarias condicionadas” del Decreto 1649 de 2023, el cual está vinculado al Programa Nacional Jóvenes en Paz, creado por el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023.

La representante Arbeláez afirmó qué el proyecto que le ha llevado subsidios a los jóvenes en peligro de caer en delincuencia tiene una gran alerta de ser un incentivador de la delincuencia, la política de oposición señaló que los extranjeros podrían optar por el beneficio que gira un millón de pesos mensualmente durante seis meses o 18, dependiendo del comportamiento del beneficiario.

“Estamos emprendiendo es contra el decreto de Jóvenes en paz que busca pagarle un millón de pesos a los jóvenes vinculados en la criminalidad donde es un decreto totalmente ilegal porque hemos identificado que le van a pagar a jóvenes de 14 años sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de fiscalización por parte de padres de familia o el tutor. También este decreto busca pagarles a jóvenes extranjeros vinculados a la delincuencia”.

Así mismo indicó que Promotores de la Legalidad no busca ser solamente un movimiento que contradiga al mandatario, sino que vele por la transparencia del Estado: “nos han llamado académicos, profesionales en derecho que quieren asumir un equipo jurídico para identificar todos los decretos que está expidiendo el señor Presidente y que van en contravía a la ley”.

Desde el Ministerio de la Igualdad se ha resaltado de la controvertida iniciativa que proporciona una atención integral a los jóvenes entre los 14 y 28 años que estén enfrentando situaciones de extrema pobreza, sean parte de comunidades rurales, hayan sido objeto de explotación sexual, estén involucrados en actividades criminales o vivan en condiciones de vulnerabilidad.

Vale destacar que para ser beneficiario del programa el Gobierno estableció que es necesario cumplir con los siguientes criterios, además de tener una edad comprendida entre los 14 y 28 años y residir en áreas marcadas por la violencia y el conflicto armado en Colombia:

• Vivir en condiciones de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad económica.
• Tener domicilio permanente en zonas rurales del país.
• Encontrarse en situación de, haber estado en, o correr el riesgo de caer en explotación sexual.
• Estar involucrado o correr el riesgo de involucrarse en actividades delictivas, violencia o ser objeto de reclutamiento forzoso.
• Vivir en una situación de vulnerabilidad debido a la residencia en zonas afectadas por la violencia o el conflicto armado.

El financiamiento de Jóvenes en Paz se realiza a través de métodos de pago digital y electrónico, como billeteras electrónicas, giros mediante plataformas especializadas y transferencias directas a cuentas bancarias. Esta modalidad de pago sigue el diseño y la estrategia ya empleada por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en otros programas similares, garantizando así un proceso eficiente y seguro para la distribución de los recursos.

Es importante mencionar que los jóvenes que son beneficiarios de Jóvenes en Paz tienen ciertas restricciones respecto a la acumulación de ayudas económicas estatales. Según lo establece la normativa del programa, no podrán recibir de manera concurrente otras transferencias monetarias o beneficios económicos que sean otorgados a nivel nacional y de manera individual. Esto incluye aquellos programas bajo la gestión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, con el objetivo de evitar la duplicidad en la recepción de apoyos y promover una distribución equitativa de los recursos entre los beneficiarios.