Las niñas y las adolescentes suelen ser las principales víctimas del matrimonio servil, una modalidad de trata de personas con fines de explotación. En general, son obligadas a mantener relaciones sexuales o a hacer trabajos domésticos forzados para beneficio de la persona con la que están conviviendo. Sin embargo, también pueden llegar a pasar por la explotación sexual con terceros.
Aunque es un delito en Colombia (Ley 985 de 2005), existe una normativa que sirve para camuflarlo en la legalidad y que hace más fácil que los menores de edad sean víctimas de los vejámenes que se cometen en las uniones serviles. Se trata del artículo 117 del Código Civil, en el que se avala el matrimonio de menores, mal llamado matrimonio infantil: en el territorio nacional, cualquier persona puede casarse a partir de los 14 años, siempre y cuando haya un consentimiento de los padres de familia o tutores.
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La abogada y directora de la especialización en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, Yadira indicó a Infobae Colombia que, anteriormente, incluso, se permitía que las niñas de 12 años en adelante pudieran contraer matrimonio, pero la Corte Constitucional aumentó la edad a los 14 años por medio de una sentencia, con el fin de que se igualara a la de los niños.
Es así como Colombia ahora es el único país en toda América Latina que permite que los menores de edad contraigan matrimonio y, en vista de lo perjudicial que ha llegado a ser esta normativa, han intentado tumbarla en más de 10 ocasiones. Ninguna ha tenido éxito.
De acuerdo con la subdirectora general de Valientes Colombia, una ONG que ayuda a las víctimas de la trata de personas en el país, Danitza Marantes, las uniones serviles, muchas veces ocultas en los matrimonios infantiles, afectan todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
“Este delito trastoca absolutamente toda tu vida, la concepción que tú tienes de tu cuerpo, con el dinero, con el trabajo, con las relaciones interpersonales”, detalló la antropóloga a Infobae Colombia.
Vivir después de sobrevivir
Luego de sobrevivir a un matrimonio servil, retomar una vida normal es muy difícil. Pues, las consecuencias pueden ser devastadoras: las niñas, adolescentes y mujeres adultas enfrentan embarazos forzados, contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS) como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y serias afectaciones en su salud mental.
Cabe resaltar que, si bien es cierto que los niños y jóvenes de sexo masculino también son víctimas de uniones serviles, la población más afectada es la de sexo femenino. De acuerdo con la congresista Jennifer Pedraza, que hoy lidera una iniciativa para acabar con el matrimonio de menores de edad en Colombia, en 2020, una de cada cinco jóvenes entre 15 y 19 años y una de cada 50 niñas menores de 14 años, tuvo una unión de este tipo.
Pueden pasar años, diez, por ejemplo, hasta que las víctimas logran salir del círculo de violencia en el que encuentran. Pasan una buena parte de su vida sometidas por completo a la voluntad de otro, cohibidas de su libertad y de una vida normal: muchas veces no pueden estudiar, trabajar, tener amigos, pasar tiempo en familia, viajar y tomar decisiones sobre su futuro, como cualquiera podría hacerlo. Todo esto se cambia por largas jornadas de violencia sexual y de trabajos forzados.
Algo así no se supera en tres meses. De acuerdo con la directora general y fundadora de Valientes Colombia, Katherine Jaramillo, el Estado suele ofrecer acompañamientos psicológicos de apenas unos meses para las sobrevivientes, lo cual resulta insuficiente.
De acuerdo con el Protocolo de Atención a Víctimas de la Trata de Personas en Colombia de la Corporación Espacios de Mujer, con 15 años de experiencia en el abordaje esta problemática, las sobrevivientes requieren de asistencia inmediata –de cinco días– para su estabilización. Eso incluye alojamiento, alimentación, asistencia material, valoración médica y psicológica, expedición de documentos, asesoría jurídica y seguridad.
Asimismo, necesitan atención mediata –de seis meses–, en la que se debe suministrar acompañamiento médico y psicológico adecuado; jurídico y judicial; educativo; formativo, en aras de lograr una inserción laboral y un desarrollo humano; y en generación de ingresos. Sin embargo, estos procesos pueden tardar años, lo que puede retardar la reconstrucción de un proyecto de vida.
¿Si hay justicia?
A esto se suman los retos legales que enfrentan al querer alcanzar justicia y ver a sus agresores tras las rejas. Según la experta, no hay fiscales capacitados en el abordaje del delito de matrimonio servil. Por eso, muchas veces las pruebas se toman mal, los procesos duran hasta tres años sin mayores avances, y las sobrevivientes, que se ven obligadas a narrar lo ocurrido más de una vez, simplemente, esperan y se resignan.
“El día 1 que la víctima pide ayuda se empieza a hacer todo ese levantamiento de información y llega el día 600, (sic) y dice: ‘Uy, no, ya no voy a declarar, o sea, ya pasaron dos años, ya ni siquiera quiero ver a esa persona, si me toca enfrentarla’. Eso pasa mucho y ahí ya se cierra el caso”, detalló Jaramillo a Infobae Colombia.
En Valientes Colombia han recibido casos que ya están cerrados por carencia de pruebas o porque la víctima no sabía que debía presentarse a contar lo que pasó. Incluso, en otros procesos, con el paso del tiempo, las sobrevivientes han cambiado sus testimonios; pues, en cada relato van omitiendo cosas porque simplemente han querido olvidarlas con terapia.
Es por eso por lo que, en varias situaciones, se identifica que sus narrativas no concuerdan, pero no es porque estén mintiendo. Sin embargo, en los casos en los que se logra alcanzar una decisión judicial, los agresores son condenados por otros delitos, como abuso sexual por parte de la “pareja”, y no por trata de personas.
Así las cosas, Valientes Colombia brinda acompañamiento a víctimas y sobrevivientes menores de 29 años en términos de estilo de vida y desarrollo. Asimismo, ofrece ayuda jurídica, en alianza con cooperantes internacionales dedicados a la investigación criminal que apoyan a la Fiscalía para el levantamiento de las investigaciones y pruebas. Sin embargo, también han tenido que interceder para rescatar a las víctimas colombianas de trata de personas que están en otros países.
“Casi el 97% de los casos llegan a través de redes sociales; son casos de mujeres que nos escriben desde España, desde los Emiratos Árabes, diciendo: ‘me está pasando esto’. O, incluso, amigas que dicen: ‘mi amiga está en este lado, en este país, en esta dirección; dejó de contestar’”, detalló Jaramillo.
Las que logran salir por su cuenta o ser rescatadas muchas veces está bajo amenazas, no solo contra su vida, sino contra la de sus hijos. Por eso, en algunas ocasiones se abstienen de denunciar por temor o, en otros, llegan al punto de tener que pelear por su custodia, ya que quedan en manos de sus agresores.
Una esperanza de erradicar las uniones tempranas
En aras proteger a las niñas, niños y adolescentes del país, se ha presentado un proyecto de ley que busca erradicar por completo el matrimonio de menores de edad en Colombia, para evitar que sean víctimas de uniones serviles y otros delitos. Sin embargo, las 11 veces que se ha radicado la iniciativa en el Congreso de la República, se ha caído.
Según Danitza Marantes, esto se debe a que en la agenda del Congreso han ponderado otros proyectos, relegando por completo la oportunidad de que se debata en torno al tema. Aseguró que en 2023 pasó así, debido a que las reformas que ha intentado impulsar el Gobierno de Gustavo Petro han acaparado las miradas y discusiones de los congresistas.
Y, aunque hasta ahora la lucha no ha tenido éxito, parece que Colombia avanza hacia la erradicación definitiva del matrimonio de menores de edad y las uniones tempranas. Pues, justamente, el proyecto de ley 155 de 2023, dirigido por las representantes a la Cámara Alexandra Vásquez y Jennifer Pedraza, fue aprobado el 27 de febrero en el primer debate de la Comisión Primera de la Cámara.
“Estamos felices de que se haya aprobado el proyecto, aunque lamentamos que el ponente de la iniciativa, Eduard Sarmiento, de la bancada del Pacto Histórico, sin tener en cuenta la opinión de las autoras, Jennifer y yo, haya tomado decisiones para desnaturalizar el objeto de este, fijando que, sea permitido casarse a mayores de 16 años cuando ambas personas sean menores de edad, esto en contra de los estándares internacionales y tratados que ha ratificado el país”, precisó Vásquez en un comunicado.
La necesidad de acabar con esta práctica también responde a los llamados de atención que ha recibido Colombia en la materia a nivel internacional. La abogada Yadira Alarcón explicó a este medio que, en 2015, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas se pronunció al respecto, alertando sobre lo nocivo que es el artículo del Código Civil Colombiano en el que se permiten los matrimonios de menores de edad.
“Hay que dejar claro que, la madurez psicológica y la madurez física y biológica del ser humano, sea niña o niño, no llega hasta una edad mucho más avanzada de los 18 años. Los 18 años son un estándar internacional, pero la protección de la gente joven, por ejemplo, en Europa, va hasta los 26 años”, detalló Alarcón a Infobae Colombia.
Por eso, un matrimonio de menores de edad, como se conoce en la ley colombiana, termina siendo, más bien, un abuso por parte de un adulto hacia un menor de edad. “Esa persona no está en igualdad de condiciones para la toma de decisiones, está bajo la influencia de un adulto, que le convierte en una víctima (sic). Permitir el matrimonio entre menores de edad, pone en peligro la niñez colombiana”, precisó.