El Gobierno nacional rechazó la posibilidad de implementar nuevos subsidios para las tarifas de la electricidad en la costa Caribe mediante fondos del Presupuesto General de la Nación.
Sin embargo, se anunció una medida alternativa que consiste en la ordenación de una revisión extraordinaria de la fórmula tarifaria por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Esta decisión surge en respuesta a la solicitud de los principales gremios del sector eléctrico del país, quienes habían pedido al presidente Gustavo Petro un apoyo económico de 3.5 billones de pesos para ayudar a los habitantes de la región caribeña a afrontar las crecientes facturas de electricidad, las cuales han experimentado un aumento considerable en los últimos meses.
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Ante la preocupación por la escalada de costos en los servicios básicos, Andrés Camacho, ministro de Minas, destacó la importancia de centrar los esfuerzos de ayuda en la población y no en las entidades privadas.
“No se trata otra vez de un salvamento a los privados, porque entonces la gente ¿pa’ cuándo? Eso nos ha pasado una y otra vez. Nuestro salvamento es a la gente”, enfatizó Camacho, que puso en relieve la necesidad de priorizar el bienestar de los ciudadanos en las políticas de intervención económica.
Por su lado, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, aclaró que no se prevé incrementar los recursos destinados a compensar el pago de la opción tarifaria, refiriéndose a los aumentos de tarifas que no se aplicaron durante la pandemia. Según Bonilla, el gobierno ya contribuye a la situación al subsidiar una parte de las facturas de electricidad en todo el territorio nacional, lo que sugiere que el manejo del incremento en los costos de los servicios debería considerarse una responsabilidad compartida entre el estado y los usuarios.
Cuál es el plan del Gobierno
Para enfrentar los desafíos de sustentabilidad y acceso a la energía, la administración del presidente Gustavo Petro ha anunciado una iniciativa audaz que busca transformar la matriz energética de las viviendas a lo largo de la costa.
Bajo planes denominados ‘comunidades energéticas’ y ‘hogares energéticamente sostenibles’, el gobierno planea dotar cada hogar con sistemas de autogeneración de energía, poniendo un énfasis particular en la instalación de paneles solares. Esta estrategia, según el Gobierno, no solo busca promover una transición a fuentes de energía más limpia, sino también acelerar la autonomía energética de los hogares.
“El presidente lo ha dicho y algunos han hecho mofa, pero es que cada hogar puede generar, cada hogar es una generadora y cada hogar puede resolver los problemas de la subsistencia básica, de ese consumo básico”, señaló Camacho, subrayando la viabilidad y la necesidad de repensar nuestra relación con la energía.
Además de la generación de energía a nivel doméstico, el gobierno tiene la mirada puesta en proyectos a gran escala. Se busca acelerar la implementación de grandes iniciativas de generación de energía, poniendo énfasis en las alternativas renovables, como la solar y eólica. A pesar de que estos proyectos han enfrentado “enormes retrasos”, según han admitido las fuentes gubernamentales, son parte fundamental del esquema para cambiar el panorama energético del país.
El revolcón tarifario
El Ministerio de Minas y Energía anunció un plan para revisar y posiblemente modificar las tarifas de energía eléctrica. La estrategia se enmarca dentro de las políticas del gobierno de Gustavo Petro, quien previamente había firmado un decreto para personalmente asumir las responsabilidades sobre la regulación de las tarifas, una medida que fue suspendida por el Consejo de Estado mientras se resuelve una demanda en contra.
El nuevo enfoque del gobierno implica emitir un decreto que obligue a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) a realizar una revisión exhaustiva de las tarifas eléctricas, incluyendo todos los componentes de la fórmula tarifaria. “Mandatar a la Creg para que revise todos los componentes de la fórmula tarifaria, todos los componentes, de tal manera que podamos hacer ajustes en todo lo que sea necesario, porque ese es el compromiso de este Gobierno”, afirmó Camacho, enfatizando la intención del ejecutivo de hacer ajustes significativos en el sistema.
Una parte crucial de este reajuste es la revisión del Cargo por Confiabilidad, un mecanismo utilizado para financiar nuevos proyectos dentro del sistema energético, así como la eliminación de tarifas adicionales en las facturas que no corresponden directamente con el servicio de energía, como es el caso de las estampillas de seguridad y otros impuestos locales. Esta medida permitiría a los usuarios concentrarse en el pago únicamente de su consumo de electricidad, posponiendo otros cargos para más adelante.
La propuesta del Gobierno busca, por tanto, garantizar una estructura tarifaria más clara y justa, que refleje únicamente los costos asociados a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, excluyendo cargos externos que han sido motivo de confusión y descontento entre los consumidores. La Creg jugará un papel fundamental en este proceso, teniendo la responsabilidad de evaluar y recomendar los ajustes necesarios para lograr este objetivo.