Este es el soldado que mató a un sargento y a un capitán en el Putumayo: llevaba menos de ocho meses en el Ejército

En un trágico incidente ocurrido en el Batallón de Selva No. 49 localizados en La Tagua, Putumayo, un soldado regular en funciones de centinela tomó la decisión de abrir fuego contra sus compañeros, que resultó en la muerte del capitán Juan Pablo Herrera Mazo y del sargento segundo Carlos Rojas Otavo, además de dejar heridos a otros dos militares. Tras el ataque, el agresor, identificado como Alexánder Orozco Zambrano, se dio a la fuga con el arma de dotación.

Según informaciones previas, este desafortunado suceso ha motivado un operativo conjunto entre distintas fuerzas para dar con el paradero del sospechoso y asegurar la protección de la población civil.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel.

Los hechos se desarrollaron cuando Orozco Zambrano, quien prestaba servicio de vigilancia, empleó su fusil reglamentario contra los miembros de su unidad antes de escapar hacia la zona de La Tagua, realizando disparos durante su huida. Las autoridades militares han activado un plan de seguridad en colaboración con la Policía Nacional y la Infantería de Marina para ubicar al fugitivo, mismo que es indicado como el presunto autor de los homicidios del capitán y el sargento, además de las lesiones infligidas a otros dos soldados. Este operativo busca minimizar el impacto y los riesgos sobre los civiles en el área.

El Ejército Nacional ha desplegado también equipos interdisciplinarios y psicosociales de la Vigésima Séptima Brigada de Selva para proporcionar el debido acompañamiento a las familiares de los militares afectados por este lamentable evento. Desde la institución, se ha expresado condolencias a los allegados de los fallecidos, elevando plegarias por el eterno descanso de las víctimas.

Por su parte, los heridos fueron estabilizados y enviados a un centro médico especializado en Caquetá para su valoración y atención adecuada.

Este suceso se suma a los retos que enfrenta el Ejército en términos de seguridad interna y convivencia dentro de las filas, poniendo de manifiesto la importancia de seguir reforzando las medidas de control de armas y la salud mental de los militares en servicio.

“De acuerdo a las primeras informaciones este soldado habría accionado su fusil de dotación contra la humanidad del personal y escapado de la unidad militar con el arma de fuego... se desplegaron los equipos interdisciplinarios y psicosocial de la Vigésima Séptima Brigada de Selva para realizar el acompañamiento correspondiente a las familias del personal fallecido”, relató el Ejército Nacional en un comunicado oficial.

La intolerancia dentro del Ejército no es un caso aislado

Durante el año 2023, se documentaron cuatro incidentes en los cuales miembros de la Fuerza Pública en Bogotá y Cundinamarca perdieron la vida a manos de sus propios compañeros. Este patrón de conducta, preocupante por sus implicaciones éticas y disciplinarias dentro de las instituciones armadas, se vio reflejado en un caso específico reportado por la Decimotercera Brigada del Ejército Nacional. En dicho suceso, ocurrido en el Cantón Occidental del Ejército, un soldado utilizó su arma oficial para agredir a un colega, resultando en su deceso.

En 2019, el Consejo de Estado colombiano tomó una decisión crucial al condenar a la Nación, el Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, mandando el pago de compensación a la familia de un soldado caído en 2009 en circunstancias similares. El soldado, quien estaba realizando su servicio militar obligatorio, fue asesinado por un dragoneante del mismo batallón en Santa Rosa del Sur, Bolívar. La indemnización determinada ascendió a casi 270 millones de pesos, marcando un precedente sobre la responsabilidad del Estado frente a la integridad de sus efectivos.

La investigación sobre este incidente específico reveló matices complejos. El autor del disparo justificó su acción en defensa propia, alegando que la víctima había desobedecido órdenes y abierto fuego primero.

No obstante, la Sección Tercera del Consejo de Estado contradijo esta versión. La evidencia indicó que no existía prueba significativa de que el soldado asesinado representara una amenaza real en el momento de la confrontación, ni que utilizara su arma de manera agresiva contra su agresor o cualquier otra persona presente.