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Grupo encargado de las obras en El Campín respondió a denuncias de Jennifer Pedraza: “un desacierto”

El vocero del grupo Sencia se refirió a los señalamientos de la representante a la Cámara, en los que cuestionaba las ganancias que recibiría el Distrito una vez se adjudicara esta alianza público-privada

En diciembre de 2023, la representante Jennifer Pedraza expresó su inconformidad con la distribución de las ganancias del nuevo El Campín entre el sector público y el privado - crédito grupo Sencia y Colprensa

Aunque el Complejo Deportivo y Cultural El Campín es sin duda uno de los proyectos más ambiciosos e importantes que se pondrán en marcha en Bogotá durante los próximos años junto a la construcción de la primera línea del Metro, no han faltado los sectores que han mostrado sus dudas frente a la adjudicación de esta alianza público-privada (APP).

Una de las voces que más reservas ha mostrado frente al proyecto es la representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza. En su cuenta de X, se pronunció frente a la inminente adjudicación del proyecto a Grupo Sencia —único oferente en la licitación abierta por el Distrito—, en la que hacía una advertencia sobre la forma en que se distribuirán las ganancias del nuevo estadio.

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“Sólo 10 días para la adjudicación de la APP del Campin hecha con la ley del embudo: 99% de las utilidades para el privado y sólo el 1% para el distrito, a pesar de que Bogotá pone uno de los mejores predios de la ciudad”, escribió la congresista el pasado diciembre.

Esto motivó un cruce de declaraciones con la entonces alcaldesa, Claudia López, que defendió la inminente concesión afirmando que la alianza con el sector privado dejaría una completa transformación del espacio público circundante al coloso de la 57. Además, acusó a Pedraza de tener “un complejo ideológico que ninguna información ni explicación va a superar”.

Pedraza respondió señalando que había intentado preguntar sobre el tema a la directora del IDRD, Blanca Inés Hurtado, especialmente con relación a las afectaciones que traería esta obra a la práctica del tenis —tomando en cuenta el cierre del club de tenis El Campín por cuenta de las nuevas obras que se desarrollarán como parte del proyecto—, pero no había recibido respuesta.

Este trino fue el que desató la confrontación entre la alcaldesa López y la representante Pedraza - crédito @JenniferPedraz/X

El grupo Sencia se pronunció frente a los reclamos de la congresista

Édgar Cardona, vocero del grupo Sencia, refutó los señalamientos de la congresista y explicó cómo se dará la repartición entre el sector público y el privado - crédito Infobae Colombia

Sobre este tema, Infobae Colombia habló con Édgar Cardona, vocero del grupo privado encargado de hacer el ambicioso proyecto una realidad. En un primer momento, señaló que había un “desacierto” en los reclamos de Pedraza.

“Hay un desacierto, en el sentido en que el primero que gana es el Distrito”, manifestó en principio, recordando que el grupo Sencia invertirá 500 millones de dólares “en una infraestructura que le queda a la ciudad”.

Cardona recalcó que la generación de empleo será un aporte significativo para la capital del país en lo que se refiere a ingresos por conceptos fiscales. “La sola construcción tiene más de 2.500 empleos directos, y durante la etapa operativa serán más de 7.000 empleos”, expresó.

Aunque Cardona confirmó que el 1% de los ingresos brutos que genere El Campín irán a parar a las arcas del Distrito, el funcionario indicó que no es tan simple como lo expresaba Pedraza. Por un lado, señaló que gracias a las actividades comerciales y de entretenimiento que albergará el complejo aparte de El Campín, el Distrito recibirá otros ingresos por fuera de ese porcentaje mencionado.

Por otro lado, remarcó que el sector público estará en constante control del dinero que perciba el recinto. “Toda la plata se recoge en una fiducia que la maneja el Estado. No la manejamos nosotros”.

Esta fiducia permite que el gobierno local pueda mantener un control sobre la manera en que se administrará El Campín durante el tiempo que dura el consorcio. “El Estado bajo unos niveles de servicio que me exige a mi, me controla que yo cumpla con todos los estándares de calidad descritos por el IDRD. Si los cumplo, me pagan. Si no, me empiezan a sancionar y a pagar menos”, explicó el vocero.

Cardona aseguró que una vez el sector privado recupere la inversión inicial, “el Estado, por ley, empieza a tener una mayor retribución de la que tiene ahora”.

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