La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) anunció que a partir de este martes se movilizarán los primeros diez de un total de cuarenta carrotanques destinados a abordar la escasez de agua en La Guajira.
Esta medida pretende mitigar los efectos de la sequía en la región, que ha golpeado duramente a las localidades más desfavorecidas. Según se ha informado, para el jueves 22 de febrero, se espera que la totalidad de los vehículos estén operando plenamente, con el fin de proveer agua potable a las comunidades necesitadas.
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Este esfuerzo por combatir la grave crisis hídrica que sufre La Guajira, se centra especialmente en apoyar a los sectores más vulnerables, donde la falta de recursos básicos ha llevado a situaciones críticas de salud. Los carrotanques jugarán un rol vital en el suministro de agua, en un intento por prevenir las adversidades derivadas de su escasez.
“Creo que mi labor es recorrer el país, trabajar con las comunidades y que allí escojan de un listado de operadores que están inscritos en la Ungrd, presentan sus cotizaciones y siempre se escogerán las mejores propuestas... Imagínate dónde quedemos en el país con los contratistas de siempre o es que en el país la corrupción no ha avanzado demasiado. El cambio es precisamente es darle oportunidades a quienes no han tenido oportunidades”, afirmó Olmedo López, director de la Ungrd tras cuestionamientos sobre el uso de los carrotanques, en conversaciones con Blu Radio.
Según López, la iniciativa, además, fomenta el empleo local, puesto que la operación de estos vehículos está a cargo de conductores de la etnia wayú.
Para el Gobierno, el papel de la comunidad wayú en la gestión y operación de los carrotanques tiene un enfoque colaborativo y respetuoso hacia las prácticas culturales de La Guajira. El alojamiento y control de los vehículos se encuentra bajo la responsabilidad del Batallón Matamoros, en cooperación con el Ejército Nacional y autoridades locales.
“Se encuentran en el batallón Matamoros, que por decisión de la Ungrd llegaron allí para su adecuación de las motobombas, mangueras. Y la Unidad iniciará el proceso de pólizas que permitieran a los que van a trabajar en ellos”, sostuvo Olmedo López.
Además, Olmedo López Martínez, director de la Ungrd, ha enfatizado la importancia de extender esta ayuda no solo a La Guajira, sino también a otros departamentos como Sucre y Bolívar, donde operaciones similares buscan asegurar el acceso continuo a agua potable para las comunidades.
Incluso, tras la polémica difundida por varios medios de comunicación y políticos de oposición, desde la Ungrd han invitado a la opinión pública para que sean testigos del inicio de esta operación, denominada Ruta del Agua, con la que se busca “el bienestar de las comunidades más vulnerables”.
Fiscalía examina compra de carrotanques por irregularidades
La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación sobre la adquisición de cuarenta carrotanques destinados a mitigar la crisis hídrica en La Guajira, tras señalamientos de posibles irregularidades y sobrecostos. El organismo busca determinar la existencia de favorecimientos indebidos a contratistas y otros actos que podrían configurarse como delitos.
En respuesta a acusaciones circuladas por diversos medios de comunicación, sobre el proceso de selección y compra, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía se encargará de esclarecer los hechos. Además, señaló específicamente un posible direccionamiento en la selección del contratista encargado del suministro de los vehículos.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dirigida por Olmedo López, defiende la integridad del proceso, subrayando la importancia de las modificaciones técnicas realizadas a los vehículos para asegurar su funcionamiento óptimo. Las adecuaciones incluyen la instalación de mangueras, bombas, y seguros de todo riesgo, aspectos fundamentales para garantizar la eficiencia y seguridad en la distribución del agua.
Olmedo López afirmó que su gestión se enfoca en la colaboración directa con las comunidades, permitiéndoles elegir entre una lista de operadores precalificados, basados en las propuestas más beneficiosas. Este enfoque no solo busca acabar con prácticas corruptas y restrictivas en la adjudicación de contratos, sino que también apunta a ofrecer oportunidades equitativas a entidades previamente excluidas, con el fin de renovar las prácticas contractuales del país.