Derly Lucía Tamayo, víctima de un ataque con ácido por parte del exnovio Camilo Moreno, denunció el viernes 2 de febrero que fue despedida injustamente de su trabajo, lo cual ha generado preocupaciones sobre su proceso de recuperación.
El incidente, que ha captado la atención nacional desde noviembre de 2020, revela profundas problemáticas sociales y laborales que enfrentan las víctimas de violencia de género en Colombia.
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Tamayo, quien inició una relación con Moreno a los 15 años, decidió terminarla tras varios años debido a la toxicidad y las amenazas suicidas de Moreno. A pesar de haber puesto fin a la relación, Moreno continuó obsesionado con ella, lo que culminó en un brutal ataque con ácido organizado por él y ejecutado por la pareja de su hermana.
La víctima ha enfrentado un largo proceso de recuperación física, el cual se ha visto aún más complicado tras ser despedida de su empresa. La firma alega que las ausencias de Tamayo, necesarias para sus terapias de recuperación, son la causa de su despido, una acción que la mujer señala como una vulneración de sus derechos laborales y humanos.
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“Fui notificada a través de vía WhatsApp que había sido despedida desde el día de ayer sin justa causa. En estos momentos estoy desamparada por qué no cuento con la afiliación a mi EPS para poder continuar con mi proceso de recuperación y están vulnerando mis derechos”, sostuvo Tamayo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Los esfuerzos de la mujer por superar las secuelas físicas y emocionales del ataque se han visto obstaculizados por su situación laboral. La joven denunció en redes sociales su despido y la falta de apoyo de su EPS para continuar con los tratamientos necesarios.
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Además, señaló haber experimentado acoso laboral previo a su despido, lo que ha requerido la intervención sin éxito del Ministerio de Trabajo. La situación de inseguridad en la que se encuentra Tamayo, sin empleo ni soporte de salud adecuado, refleja las dificultades adicionales que enfrentan las víctimas de agresiones con ácido en Colombia, un país donde este tipo de ataques ha ganado notoriedad en los últimos años.
Camilo Moreno, el agresor y exenfermero, se suicidó antes de enfrentar a la justicia, dejando detrás un legado de dolor y preguntas sin resolver sobre cómo prevenir y responder a estas formas de violencia de género.
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Esto dijo Lucia Tamayo
“Hola, muy buenas noches, mi nombre es Lucía Tamayo. El día de hoy quiero hacer una denuncia pública. Fui notificada a través de WhatsApp de que había sido despedida por la empresa, para la cual brindé más de cuatro años de servicio. Quiero compartir un poco acerca de esta relación laboral. Desafortunadamente, en el año 2020 fui atacada con ácido, lo que cambió mi vida completamente, afectándome física, emocional y psicológicamente.
He sido diagnosticada con estrés postraumático, ansiedad mixta con depresión y he tenido más de seis intervenciones quirúrgicas. Tras recomendaciones médicas, fui reubicada en la empresa en noviembre del 2021. Durante el primer año no tuve inconvenientes con la persona a quien brindé mi apoyo, pero eso fue cambiando. En marzo del año pasado fui notificada de un cambio interno que implicaba cambiar de área y mis funciones serían asignadas para apoyar a otra persona. Esta comenzó a ejercer presión sobre mí, haciendo comentarios despectivos sobre mi proceso de recuperación y cuestionando la necesidad de brindarme espacios para mis tratamientos médicos.
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Esta situación me causó dolor emocional, y bajo tanta presión, intenté quitarme la vida. Busqué ayuda a través de la línea púrpura y recibí acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Intenté escalar el caso internamente en la empresa, sin éxito, por lo que interpuse una denuncia ante el Ministerio del Trabajo por presunto acoso laboral. Adjunté pruebas y redacté un correo detallando lo sucedido.
El Ministerio del Trabajo no logró conciliar un acuerdo, ya que la empresa buscaba mi renuncia. Necesitaba mi afiliación a la EPS para continuar mis tratamientos. Sin embargo, recientemente fui despedida sin que la empresa cumpliera los acuerdos de la reunión con el Ministerio del Trabajo, que incluían acompañamiento psicológico en mi proceso de recuperación. En su lugar, recibí un correo encriptado con condiciones injustas que vulneran mi derecho a terminar mi recuperación y a mantener mi empleo.
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Decidí denunciar esto a través de mis redes sociales tras no obtener respuesta a mis acciones legales. No firmaré el documento que me enviaron, lo que significa perder mi salario y derecho a la EPS para seguir mis tratamientos médicos. Solicito su apoyo para difundir este video y ayudar a hacer justicia. La actitud de la empresa ha sido sumamente frustrante, dejándome en una situación de vulnerabilidad. Han sido testigos de lo difícil de mi recuperación, lo cual me afecta enormemente a nivel psicológico. Les pido su colaboración y ayuda para hacer justicia. Muchas gracias”.
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