Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, confirmó que cumplirá el arresto ordenado por la JEP: denunció persecución en su contra

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, confirmó el jueves 28 de diciembre de 2023 que cumplirá con el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que dictó arresto por dos días contra la mandataria regional, en una decisión que tiene su origen en su inasistencia a una audiencia de víctimas, por hechos ocurridos en el departamento que son objeto de investigación por parte del tribunal transicional.

A través de su perfil de X (antes Twitter), la mandataria regional, que ha enfilado baterías en contra de esta jurisdicción, indicó que se acogerá a la determinación proferida en su contra. Eso sí, no sin antes lanzarle pullas a los magistrados que hacen parte de este organismo, a los que acusó de no estar trabajando en la reparación de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado en Colombia.

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“Quiero anunciar que el día de mañana cumpliré el fallo proferido por la JEP. Qué ironía, cuánto criminal libre porque se acoge a la JEP, nombrados gestores de paz, sin un día de cárcel ni reparación a sus víctimas”, manifestó Roldán en su perfil, con lo que despejó los rumores que se tejieron en torno a esta decisión y si la acataría o no, en el tramo final de su mandato de cuatro años.

De acuerdo con la mandataria, mientras se espera de la entidad verdad, justicia y reparación, no entiende estas determinaciones en contra de funcionarios que han trabajado —en sus palabras— duro por la paz. A su vez, alegó que está siendo perseguida por la jurisdicción especial con este tipo de fallos, en tanto que deberían existir, en su juicio, otras prioridades para una entidad creada tras el acuerdo de paz con las Farc.

“Familias enteras que esperan verdad, justicia y reparación, y funcionarios que llevamos años trabajando duro por la paz, somos perseguidos de manera desproporcionada con medidas administrativas sin justificación”, agregó la gobernadora, que entregará su cargo el 31 de diciembre, en manos ―justamente— de la persona de la que recibió la responsabilidad, Dilian Francisca Toro, que repetirá en 2024-2027.

El anuncio de la gobernadora se conoció un día después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abriera un incidente de medidas correccionales en contra de la mandataria, lo que es mejor entendido en la justicia ordinaria como un incidente de desacato.

Esto debido a que no estuvieron presentes en una audiencia pública de atención a víctimas de desaparición forzada, como parte del caso 05, que prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, y que se adelantó en las instalaciones de la entidad en Bogotá.

La determinación también cobija al delegado William Hernández Arias, que tampoco hizo presencia en el acto, que se llevó a cabo el 29 de noviembre y en el que estaban citados los gobernadores de Caldas, Quindío y Risaralda, quienes fueron conminados a llevar a cabo planes que respaldaran la identificación y entrega de cuerpos de víctimas de la confrontación armada en el país, de manera integral.

“El 29 de noviembre, fecha en la que correspondía la intervención de las gobernaciones, ni la mandataria, ni su delegado comparecieron. En audiencia se hizo su llamado público, se otorgó un plazo de espera de dos horas para justificar su inasistencia o garantizar la llegada del delegado sin obtener respuesta alguna”, se leyó en el auto emitido por el tribunal de paz, conocido el 27 de diciembre.