Víctimas del conflicto en Colombia: 1.262 servidores judiciales recibieron reconocimiento del Estado

En un evento histórico que tuvo lugar el viernes 17 de noviembre, Colombia presenció un reconocimiento sin precedentes hacia los familiares de servidores judiciales que han enfrentado la violencia, las amenazas y el peligro en la búsqueda de la justicia. El encuentro, promovido por el Fondo de Solidaridad con los Servidores Judiciales (Fasol), Usaid y Pnud, marcó un hito al ser la primera vez que el Estado colombiano rindió homenaje a estas personas.

El acto tuvo como objetivo principal destacar la labor de aquellos que dieron sus vidas en pos de la justicia en el país. El registro de 1.262 servidores judiciales, afectados por homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos, desapariciones forzadas e incluso exilios, fue proporcionado por Fasol. Aunque el Estado finalmente reconoció la dignidad de estas víctimas, la posibilidad de que haya un número mayor de afectados sigue latente.

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Cabe destacar que Fasol ha desempeñado un papel crucial al acoger a las víctimas cuando el Estado no lo hizo. Según testimonios de las víctimas, este fondo les brindó voz y un espacio de acompañamiento, apoyo y reconocimiento a las familias que perdieron a sus seres queridos en la búsqueda de la justicia.

“La seguridad no la dan las armas, la seguridad la da la justicia”, expresó el padre Francisco de Roux, subrayando la importancia fundamental de un sistema judicial robusto y seguro para la sociedad.

El evento no solo fue un reconocimiento formal, sino también un espacio donde las familias pudieron compartir sus historias. Cada relato representaba un choque de emociones, desde el dolor de recordar la pérdida hasta la frustración de la impunidad que ha rodeado muchos de estos casos.

Aurora Rocha de Castro, esposa del difunto juez Tulio Manuel Castro, compartió la angustia de buscar a su esposo después de que fuera asesinado por ordenar el juicio contra Pablo Escobar por el homicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. A pesar de las amenazas y la presión, el juez no cedió y pagó con su vida. La impunidad en este caso sigue siendo una herida abierta para Aurora y sus cinco hijas.

Beatriz Sierra, esposa del difunto fiscal Hector Ojeda, también compartió su experiencia. La masacre de Usme, en 1991, perpetrada por las Farc-EP y que dejó a nueve personas muertas, incluido su esposo. Estos relatos eran testimonios conmovedores de las vidas sacrificadas en la lucha por la justicia en Colombia.

Claudia Stella Rodríguez, a la edad de nueve años, experimentó la pérdida de sus padres, Samuel Alonso Rodríguez y Margoth Stella Puentes, a manos de guerrilleros del ELN. Este trágico suceso ocurrió el 27 de junio de 1990, justo en frente de su hogar.

En años posteriores, Claudia confesó haber albergado resentimiento hacia sus progenitores, lo que la llevó a vivir en el exilio; sin embargo, en 2020, tomó la decisión de confrontar la situación y durante este proceso, descubrió con sorpresa que no se había encontrado ningún registro del doble crimen en los archivos. Actualmente, se encuentra inmersa en la búsqueda de respuestas sobre el destino de sus padres.

Carlos Ojeda, director de Fasol e hijo de Héctor Ojeda, fiscal asesinado en la masacre de Usme, en 1991, se atrevió a plantear una realidad alternativa: ¿qué hubiera pasado si los jueces, fiscales y magistrados nunca hubieran sido atacados? Su reflexión provocadora planteó preguntas cruciales sobre el papel de la justicia en la sociedad y cómo los ataques han afectado la capacidad de la justicia para cumplir con su deber.

Sin embargo, la consecuencia sería que no estarían actualmente en búsqueda de paz, la conversación no estaría sobre la mesa y posiblemente nadie estaría prestando atención a las víctimas de minorías. De esta manera, todo el recinto elevó sus pañuelos blancos y los agitó en el aire, simbolizando la paz, “el reconocimiento y la magnitud de su propósito”.

Además, expresó que este evento proporciona la posibilidad de honrar la memoria de sus seres queridos y del sistema judicial en sí. Asimismo, consideró que es una “oportunidad para que las instituciones tomen con seriedad a estas víctimas y cumplan con la investigación, reparación, atención, y asuman la responsabilidad de lo que ha implicado la violencia contra uno de los pilares del Estado”.

Néstor Osuna, ministro de Justicia, finalmente reconoció la violencia contra el poder judicial a lo largo de sus 35 años de carrera. Habló de la inquebrantable resistencia de los jueces frente a narcotraficantes y grupos armados ilegales.

Las palabras del ministro de Justicia resumieron el desafío que enfrenta el país: “No podemos salir de este cargo con la frente en alto si no hemos logrado encontrar a los que permanecen desaparecidos, recabar la responsabilidad de los perpetradores de los atentados, esclarecer la verdad, erradicar la corrupción en la propia justicia que hoy ha quedado muy puesta al descubierto”.

Las cifras presentadas por el Fasol revelan la magnitud del impacto en los servidores judiciales. De las 1.262 víctimas, la gran mayoría (588) recibió amenazas de alguna índole. 407 fueron asesinadas violentamente, 211 sufrieron atentados, 82 fueron secuestradas, 54 se exiliaron, y 51 tuvieron que desplazarse dentro del país.

Las guerrillas y los paramilitares fueron responsables de la mayoría de los crímenes, con 266 atribuidos a las guerrillas y 156 a los paramilitares. Sorprendentemente, 136 agentes del Estado también fueron identificados como victimarios, destacando la complejidad y la impunidad que rodea a estos casos.