El Gobierno nacional se aventuró con la promoción de la salud pública al implementar un impuesto saludable que entró en vigencia el 1 de noviembre de 2023. La medida, conocida como la ley de comida chatarra o el impuesto saludable, ha generado un debate acalorado en el país, y el presidente Gustavo Petro salió en defensa de esta ambiciosa reforma tributaria que busca abordar los problemas de salud relacionados con alimentos ultraprocesados.
Este impuesto es una de las medidas más ambiciosas adoptadas en materia de salud pública en América Latina, de acuerdo con los expertos consultados por el diario El País. Mientras otros países han avanzado en la regulación de la publicidad en horarios familiares y en la implementación de políticas fiscales centradas en las bebidas azucaradas, Colombia optó por abordar directamente el tema de los alimentos ultraprocesados.
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La medida, impulsada por colectivos de la sociedad civil y parte de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, busca gravar con un impuesto del 10% a una serie de alimentos y preparaciones ultraprocesadas. Esta categoría incluye productos como papas fritas de paquete, galletas, gaseosas, jugos en caja, ponqués y confitería.
Cabe destacar que esta iniciativa tiene como objetivo incentivar la adopción de hábitos alimenticios más saludables y reducir el consumo de productos con altos niveles de azúcar y otros componentes perjudiciales para la salud.
La decisión de implementar este impuesto no ha estado exenta de controversia. Algunos políticos de oposición, como el representante a la Cámara Miguel Polo Polo y la senadora María Fernanda Cabal, han expresado su desacuerdo con la medida, argumentando que representa un ataque a los empresarios y un golpe al bolsillo de los colombianos.
Sin embargo, el presidente Petro defendió enérgicamente este impuesto y argumentó que su objetivo es promover hábitos alimenticios más saludables y mejorar la salud de la población colombiana.
En un mensaje publicado en su cuenta de X (Twitter), el presidente Petro declaró: “Esto no es para recaudar dinero suyo, esto es para que usted escoja alimentos saludables y mejore el estado de salud del pueblo colombiano”.
Esta declaración es una más de todas las veces que el mandatario ha expresado que la intención de la medida es fomentar la elección de alimentos más saludables y reducir el consumo de dichos alimentos, que a menudo son altos en grasas saturadas, azúcares y sodio, y se están asociados con un mayor riesgo de enfermedades crónicas.
Cabe resaltar que uno de los argumentos para que esta ley fuese aprobada era que se espera que este impuesto ayude a reducir los costos de atención médica relacionados con enfermedades crónicas, alentando a los colombianos a optar por alimentos más saludables y nutritivos.
Si bien la ley de comida chatarra ha generado controversia y debate, muchos defensores de la salud pública la ven como un paso positivo hacia la reducción de los problemas de salud relacionados con la alimentación y la promoción de un estilo de vida más saludable en Colombia.
Como es el caso del representante Andrés Forero, miembro del Centro Democrático, que también se unió a la discusión sobre el impuesto saludable e hizo hincapié en que el impuesto no se centra en el azúcar en sí, sino en productos terminados que pueden contener ciertas concentraciones de azúcar. Esta aclaración busca disipar posibles malentendidos sobre el alcance de la medida, pero que igualmente mantiene la discusión en el tema.