Abren investigación contra funcionarios del CNE por supuesto cobro a Rodolfo Hernández para mantener su candidatura

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), por un supuesto cobro de dinero a Rodolfo Hernández, a cambio de no revocar la inscripción de su candidatura a la Gobernación de Santander.

Entre otras pruebas que se van a practicar, el órgano de control solicitó al CNE copia de los documentos entregados por Rodolfo Hernández, en los que relacionó el supuesto cobro de dinero.

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Con la apertura de la indagación, la Procuraduría busca identificar o individualizar al posible autor de la falta y determinar si es procedente iniciar una investigación disciplinaria.

El 23 de octubre de 2023, el CNE confirmó la decisión de revocar la aspiración de Hernández, tras acumular tres sanciones de la Procuraduría General de la Nación en menos de cinco años.

Pese a que ya cumplió con todas ellas, que se registraron durante su paso por la Alcaldía de Bucaramanga, entre 2016 y 2019, esto fue causal de inhabilidad para ocupar cargos públicos.

Los magistrados de la Sala Penal del CNE votaron el domingo 22 de octubre sobre la proposición de “tumbar” la aspiración de Hernández, que se inscribió por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

En su decisión, dejaron en firme el fallo en primera instancia, emitido el 28 de septiembre de 2023, en el que se hacía énfasis en la decisión del Ministerio Público de suspenderlo por tres años.

En mayo de 2023, la Procuraduría impuso una nueva sanción contra el excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga. El organismo de control lo destituyó e inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos por corrupción en la adjudicación de un contrato para implementar nuevas tecnologías para tratar los residuos sólidos.

Para esa oportunidad, se estableció que Hernández tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar, a quienes entregó información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio jurídico, lo que les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección.

Se comprobó que tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía, no como un acto de cortesía para oír propuestas, sino para conocer como se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado, y en ella se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la citada firma contratista fuera la seleccionada.

De igual manera, el Ministerio Público encontró que el exalcalde adelantó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras.

Las otras tres investigaciones por las que fue revocada la candidatura de Rodolfo Hernández están relacionadas; la primera, con lo registrado el 28 de noviembre de 2018, cuando siendo alcalde de Bucaramanga, le propinó un golpe al concejal John Claro. Por este suceso fue sancionado por ocho meses, además tuvo que pagar más de $124 millones de multa.

El segundo proceso en su contra tiene que ver con los insultos proferidos contra el veedor ciudadano Fernando Martínez Arenas, al que llamó “lavaperros de la política, de los ladrones que se robaron a Bucaramanga”, en un hecho que se dio el 26 de octubre de 2018 en el parque Solón Wilches de la capital de Santander. Por ello, fue sancionado con cuatro meses de inhabilidad y pagó $62 millones, en agosto de 2023.

Finalmente, la Procuraduría sancionó al exalcalde por lo acontecido con el ingeniero Wilson Motta, que era responsable de supervisar los contratos en la secretaría de Infraestructura. Motta declaró que despediría al funcionario de su cargo por prácticas corruptas, pero no lo demostró y, en cambio, fue acusado de acoso laboral. En marzo de 2019, recibió una suspensión de dos meses debido a estos señalamientos.