El 21 de septiembre, en un operativo conjunto entre unidades de la Armada Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de autoridades de los Estados Unidos, se incautaron 1.235 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el área general del archipiélago de San Andrés, que tenían como destino Centroamérica, transportados en una lancha tipo go fast. Los cinco tripulantes de la embarcación fueron capturados.
El operativo, informaron desde la Armada, inició cuando se detectó una embarcación sospechosa que transitaba por aguas del archipiélago. Al identificar su rumbo, se desplegó un Grupo de Tarea Marítimo conformado por medios navales de la Fuerza Naval del Caribe, que luego de una larga persecución lograron la interdicción de la embarcación tripulada por cinco colombianos.
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Luego de asegurar el área, los uniformados de la Armada procedieron a inspeccionar la lancha en la que encontraron 48 bultos y 40 paquetes rectangulares sueltos, con la sustancia sospechosa. La embarcación, sus tripulantes y el cargamento fueron escoltados por los marinos hasta la Estación de Guardacostas de San Andrés, en donde efectivos de la Policía Judicial (SIJIN) realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH) confirmando que eran más de tonelada y media de clorhidrato de cocaína
Según estimaciones de las autoridades, el cargamento estaría avaluado en más de 41′619.000 de dólares en el mercado ilegal internacional. Los capturados, así como la droga, fueron puestos a disposición de la Policía Judicial.
Desde Nueva York, el fiscal Barbosa hizo un balance de la lucha contra las drogas en Colombia
El 20 de septiembre, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se reunió con el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, al que le expuso un balance sobre la lucha contra las drogas durante su administración, dando cuenta de que se han logrado 25 capturas con fines de extradición y 75 entregas en extradición por solicitudes de la Fiscalía del estado de Nueva York.
También ponderó que con la implementación de la estrategia Argenta, que busca atacar el patrimonio de las estructuras criminales, se ha logrado la judicialización de 1.230 personas señaladas de pertenecer a más de 900 estructuras al margen de la ley, a las que se les asoció con delitos como lavado de activos, contrabando, testaferrato o enriquecimiento ilícito. Y que se han incautado desde 2020 propiedades que superan los 6.654 millones de dólares.
En materia de incautación, advirtió que han sido decomisadas 988 toneladas de derivados de cocaína, afectando a 13 organizaciones dedicadas al narcotráfico en Estados Unidos.
Petro se propone asfixiar al narcotráfico con su política de drogas
El 9 de septiembre, al finalizar la Cumbre Latinoamericana y del Caribe sobre las drogas, se conoció la política de drogas del Gobierno de Gustavo Petro: Sembrando vida desterramos el narcotráfico, que tendrá vigencia por los próximos 10 años. Entre los objetivos para 2026 está la reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito, que se traducirá en una disminución del 43% en la producción de cocaína, y la eliminación de 11.823 millones de dosis del mercado.
La política de drogas, elaborada por el Ministerio de Justicia y que se conoció en El Espectador y W Radio, tendrá dos frentes de ataque, si se quiere, uno que dará oxígeno a los campesinos cultivadores de coca, amapola y cannabis, mientras se asfixia a los narcotraficantes, a través de la reducción de la producción de drogas y de su disponibilidad en los mercados internos y externos; la desestructuración de redes criminales. También se busca identificar y afectar las rentas ilegales, persiguiendo el lavado de activos.
En lo que tiene que ver con la interdicción e incautación, la nueva política de drogas contempla una actualización tecnológica con la adquisición de radares modernos, drones de alta autonomía, sistemas de detección de drogas, vehículos de patrulla marítima y fluvial, y equipos de inspección terrestre. A lo que hay que sumarle que se quiere fortalecer la cooperación internacional para establecer acuerdos de intercambio de información en tiempo real y la coordinación de operaciones conjuntas para mitigar el tráfico de estupefacientes.