En respuesta a una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional informó que desplegará 1.664 soldados en 74 puestos de votación y 223 mesas en el departamento del Meta, con el objetivo de salvaguardar las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023 y garantizar el derecho al voto.
“El Ejército Nacional en el departamento del Meta ha implementado estrategias de seguridad contempladas en el Plan Ayacucho, ad portas de las próximas elecciones”, precisó el Ejército en un comunicado, añadiendo que cerca de 61.000 personas están aptas para votar en la región.
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De acuerdo con el Ejército, se han venido adelantando acciones entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación (FGN) para garantizar la seguridad de la jornada de elecciones.
Dentro de las actuaciones está el desarrollo de consejos de seguridad, el monitoreo de los centros de votación y la realización de operaciones terrestres. Todo esto se ha hecho de la mano de las autoridades departamentales y municipales respectivas.
La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo
Según la alerta temprana estructural número 30 del 2023 de la Defensoría, el escenario de riesgo para las próximas elecciones se presenta en los siguientes municipios del Meta: Villavicencio, Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, Cumaral, El Castillo, Granada, Guamal, Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, Puerto Rico, Restrepo, San Juan de Arama, San Martín y Vistahermosa.
No obstante, dicho departamento no es el único departamento cuyo proceso electoral se encuentra en riesgo; Antioquia, Bolívar, el Archipiélago de San Andrés, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada también están en alerta.
Las alarmas se prenden en estos territorios debido a que hay acciones que se pueden presentar en contra de los mecanismos de participación democrática, las cuales pueden implicar la vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, según la Defensoría.
Estas conductas violentas podrían ser perpetradas por los diferentes grupos armados ilegales que hacen presencia en las regiones, como son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Facciones disidentes de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Comandos de la Frontera y diferentes Grupos Armados de Crimen Organizado.
En ese sentido, la alerta temprana enlista las personas posiblemente afectadas, que son: mujeres; personas con orientación sexual e identidad de género diversas; afrodescendientes; indígenas; periodistas; servidores públicos; personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales; candidatos; miembros de Juntas de Acción Comunal; personas en proceso de reincorporación; adolescentes; comerciantes; contratistas; campesinos; población migrante; niños y niñas; jóvenes; docentes; autoridades étnicas de gobierno; miembros de campañas políticas; jurados de votación; víctimas del conflicto armado; personas en situación de discapacidad; y población socialmente estigmatizada.
En un reciente comunicado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) también advirtió sobre riesgos latentes en procesos electorales de 17 municipios del país, ubicados en ocho departamentos diferentes.