A través de un escrito de acusación, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a dos expolicías que estarían involucrados en el escándalo de los narcofiscales al tener supuestos nexos con Jair Sánchez Hernández, alias Mueble fino en Valle del Cauca y un falso operativo judicial en noviembre de 2019.
Según el documento referido en primer momento por Caracol Radio, el entonces integrante de una estructura ilegal en ese departamento se comunicó con el uniformado retirado Juan David Rengifo Mendoza (conocido también como alias La R y testigo estrella del caso) para darle órdenes de buscar contactos en Cali y Jamundí para el cobro de un dinero por el secuestro de una persona.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.
En ese orden, Rengifo acudió al intendente Michael Mancilla Gil, adscrito en ese momento adscrito a la estación de Policía de Jamundí, para que se reuniera con Mueble fino y así acordar un falso procedimiento judicial por el cual el uniformado recibió dos millones de pesos.
Concretamente, las pesquisas arrojaron que ese monto fue entregado a Mancilla Gil por secuestrar a un sujeto identificado como Jorge Mauricio Guerrero Rivera. El policía entregó los detalles a una tercera uniformada implicada en este hecho, la patrullera Dayana Osorio Yepes, que trabajaba en la estación de Policía con él y aceptó pertenecer a esa operación ilegal.
El secuestro y el cobro del dinero
El 26 de noviembre de 2019, la patrullera Osorio y el intendente Mancilla recogieron a Rengifo Mendoza en un vehículo adscrito a la Policía Nacional y se dirigieron a una panadería de Jamundí. Allí fingieron un operativo de verificación de antecedentes e identificaron a Jorge Guerrero, al que le pidieron trasladarse con ellos hasta la estación para “un requerimiento judicial”.
Una vez en el vehículo se dirigieron a una finca de la vereda Potrerito, en zona rural del mismo municipio. En ese sitio los estaba esperando Mueble fino para la entrega del retenido. Horas más tarde, Rengifo Mendoza entregó 30 millones de pesos a Macilla Gil, que destinó cinco millones a la patrullera Osorio.
Para la Fiscalía, los policías se aprovecharon “del uniforme y el armamento de dotación” para doblegar a Mauricio Guerrero, ser secuestrado y después entregado al narcotraficante, por lo que fueron llamados a juicio por los delitos secuestro simple agravado, peculado por uso y cohecho propio.
Este avance en las investigaciones correspondientes a los presuntos narcofiscales se sumó a la supuesta pérdida de pruebas. Desde el ente de control afirmaron que se extraviaron actas de inspección a determinados lugares, informes de policía judicial y declaraciones de personas vinculadas al proceso; entre ellas Rengifo, condenado a 18 años de prisión por reconocer su participación en el secuestro y asesinato en 2018 del presunto delincuente identificado como Muelas.
En ese orden, al interior de la Fiscalía tampoco tienen conocimiento del momento del caso a los que pertenecían esas pruebas. Sin embargo, desde el organismo señalaron que se hizo compulsa de copias para determinar qué pasó con la evidencia perdida.
Sumado a esto, un archivo mencionado por el medio citado indicó que hasta el momento solo hay un indiciado: un agente de policía judicial que ingresó a la sección de evidencias de la Fiscalía, pero está por determinarse si a la de Cali o Bogotá.
Vale mencionar que al momento de anunciarse las investigaciones (febrero de 2021), la Fiscalía detalló que Nieto y Aguirre estarían relacionados con alias Mueble fino. En ese entonces, los fiscales fueron acusados de prevaricato por omisión, cohecho propio, concierto para delinquir, falso testimonio en calidad de determinadores, fraude procesal y amenazas a testigos.