El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación.
El ministerio público confirmó la sanción contra el mandatario y otros tres funcionarios de su administración por actos de corrupción. La entidad estableció que desde sus cargos participaron en irregularidades en la celebración de contratos.
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Por la presunta corrupción, representada en irregularidades en la firma de diferentes contratos para atender la emergencia sanitaria generada por el covid-19, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, fue destituido y, además, su inhabilidad es por nueve años y seis meses.
Desde la sala disciplinaria de juzgamiento de servidores públicos de elección popular confirmaron que la medida establecida por la Procuraduría también cobija al jefe de Gestión del Riesgo de Neiva, Armando Cabrera Rivera; al secretario de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez; y a la secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez.
De acuerdo con la información emitida por el organismo de control, el alcalde de Neiva “dejó de cumplir con los deberes propios de su cargo, porque seleccionó contratistas que no garantizaban la mejor oferta y sin seguir un actuar leal y honesto, a pesar de que tenía la capacidad de evitarlo”.
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Por eso, se halló a Gorky Muñoz Calderón responsable de tres cargos disciplinarios, dos de ellos calificados como faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima, y el restante como falta gravísima a título de culpa grave.
En el caso del jefe de Gestión del Riesgo y los dos secretarios involucrados en los mismos hechos de presunta corrupción en la Alcaldía de Neiva, su conducta fue calificada como falta gravísima cometida con culpa gravísima.
Los contratos con irregularidades que celebró el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón
Son varios los acuerdos contractuales en los que se habría incurrido en corrupción, de acuerdo con lo establecido por la Procuraduría General de la Nación.
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Uno de ellos es la contratación de una campaña de cultura ciudadana, con la que se buscaba mitigar y prevenir el covid-19. En ese caso, según el órgano de control, se incurrió en errores en los valores de uno de los puntos del documento, pues la cantidad de unidades requeridas no coincidía con las contratadas.
Otro caso es el acuerdo que se firmó para brindar alimentación durante marzo, abril y mayo de 2020 a la población vulnerable de la ciudad.
En el contrato, según la Procuraduría, se incluyeron elementos que no hacían parte de la propuesta inicial presentada por el contratista y que “no tenían una relación directa con el objeto de este, ni una justificación de su conveniencia, necesidad o razonabilidad, lo que incrementó el monto de los kits alimenticios en 330 millones de pesos”.
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El Ministerio Público estableció que dentro de los kits habían productos que no tenían ninguna relación con lo contratado, por ejemplo, había elementos de bioseguridad para la prevención del covid-19 como tapabocas, guantes de látex y overoles, entre otros.
Esos productos quedaron incluidos en las raciones alimenticias mensuales que se establecieron en el contrato, según estableció el organismo de control.
Así mismo, la Alcaldía de Neiva celebró un contrato de interventoría con una entidad que, según la Procuraduría, estaba inhabilitada para desarrollar las actividades de vigilancia pues había un nexo formal con el contratista al que debía controlar.
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El objeto del acuerdo a vigilar era la entrega de las raciones del Programa de Alimentación Escolar, por un monto total de 5.250 millones de pesos.
“Además, frente a la orden de servicios para la entrega de las raciones de alimentos, que en total eran 105 mil kits, no se precisaron las unidades ni las características técnicas de todas ellas, en articular la forma en que el atún, incluido en las mismas, se suministraría a los estudiantes, pues no se aclaró si su compra se hacía en unidades o en lata”, puntualizaron desde el Ministerio Público.