Durante su intervención en el Congreso Internacional de la Lucha contra la Corrupción y la recuperación de sus activos, el presidente Gustavo Petro se refirió al escándalo de Odebrecht y el anuncio de la Fiscalía de imputar cargos a varios exfuncionarios que estarían relacionados.
Al respecto, lanzó duras pullas al ente acusador, pues según él, permitió la salida del país de los verdaderos responsables de los sobornos hechos por la multinacional brasileña. De paso, desmintió que esas personas no huyeron de la justicia, sino que hubo omisiones desde el organismo a cargo de Francisco Barbosa.
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“No fue porque se escaparon a tiempo. No. Es porque la misma Fiscalía les permitió irse y sabían que si se iban a Brasil, los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento —perdían efecto— y ya no eran extraditables y podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana”, sostuvo el mandatario.
También sostuvo que los propietarios de la multinacional brasileña no han indemnizado económicamente a Colombia a pesar de las sanciones impuestas por la justicia ordinaria, como la de 800.000 millones de pesos (250 millones de dólares) anunciada en 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dijo que los responsables “solo hablaron lo necesario” y no precisamente en el país.
Al respecto, afirmó que desde la constructora confesaron en Estados Unidos que José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana y quien acordó los sobornos con Odebrecht para hacerse con la Ruta del Sol II, pagó 26 millones de dólares y no 6.5 millones como se había afirmado en primer momento dentro de las investigaciones en su contra.
En ese orden, dijo que “alguien miente, porque el señor Melo tiene aquí una condena reducida por confesión, pero si confesó 6.000 millones de pesos y allá dicen que fue 26 millones de dólares, o allá mienten o aquí Melo mintió; luego la justicia no sirvió. Una de dos, ahí no hay forma de escoger”.
Cerrando su intervención sobre el escándalo, expuso que aun el país no sabe a quiénes sobornaron; por el contrario, sí hay conocimiento del pago de esas coimas. “Sabemos quiénes fueron hasta los intermediarios, que en su mayoría están libres, pero no sabemos adónde llegó la plata”, añadió.
En su discurso también habló de los terceros civiles en el conflicto armado que siguen haciendo política, a pesar de las investigaciones que la JEP trasladó a la Fiscalía para su estudio. “Juzgan a los militares por los falsos positivos; juzgan a los guerrilleros; juzgan a los paramilitares —allá salieron extraditados— y los terceros sobrevivieron, siguen haciendo política, siguen haciendo economía”, expresó.
Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación anunció pasado el mediodía del jueves 17 de agosto la imputación de cargos contra 33 personas, entre trabajadores y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por presuntas anomalías en seis otrosíes de la Ruta del Sol II.
“Entre los afectados se encuentra el exdirector —de la entidad— Luis Fernando Andrade Moreno, quien será vinculado por ser presunto coautor del delito de interés indebido en la celebración de contratos”, sostuvo desde Cartagena el fiscal Gabriel Jaimes, jefe delegado del ente de control ante la Corte Suprema de Justicia.
También anunció que esa multinacional hizo aportes de 3.540 y 3.045 millones de pesos a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, respectivamente. Sobre el jefe de Estado en los periodos 2010-2014 y 2014-2018, Jaimes sostuvo que tiene fuero, motivo por el que la competencia de las pesquisas en su contra está en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.