Gran controversia causó la propuesta del programa Jóvenes en Paz, una de las medidas impulsadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, con las que pretende frenar el avance en las operaciones de las bandas criminales en todo el país.
Frente a ello, en la mañana del jueves 10 de agosto de 2023 se conocieron nuevos detalles sobre una de las dinámicas más polémicas desde que el máximo líder de la Colombia Humana asumió el poder.
En el borrador del decreto expedido desde la Presidencia de la República se establece el monto de dinero que, bajo la modalidad de subsidio directo, se le entregará a los jóvenes con el fin de que se involucren con programas de estudio que estén relacionados con la política de Paz Total. Todo ello, una vez se desliguen de las bandas criminales que integren en los sectores en los que residan.
En el documento se señala que cada joven que se adhiera al beneficio podría recibir hasta 12 millones de pesos al año, estableciendo un límite de 12 transferencias de un millón de pesos, representadas en transferencias monetarias liquidadas mensualmente. Además, en el texto se enfatiza en los mecanismos mediante los cuales el Gobierno nacional le haría llegar dicho dinero a quienes hagan uso del subsidio.
Uno de ellos será bajo depósitos de productos bancarios o financieros, los cuales se harán mediante entidades que estén vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Además, los canales bajo los cuales se realicen las transferencias deberán ser seleccionados y contratados por Prosperidad Social, con el fin de llevar a cabo la distribución de los recursos.
Otra de las alternativas será mediante el uso de giros postales y/o bancarios. Este método abarca entregas de dinero en efectivo a los jóvenes que se adhieran a los beneficios del programa a través de diferentes operadores especializados en las transferencias de este tipo, las cuales deben ser avalados por la autoridad competente, además de que ser contratados por Prosperidad Social.
El documento también enfatizó en el cómo se le hará llegar el dinero a los jóvenes que aún no cumplan con la mayoría de edad. El mecanismo de distribución para estos casos “será aquel que se encuentre registrado en la base de información del Programa para el beneficiario como resultado del proceso adelantado por Prosperidad Social para la selección de la(s) entidad(es) encargada(s) de hacer la entrega de los recursos a los participantes”.
La Presidencia puntualizó en que los jóvenes que cuenten con una orden de captura vigente y que sean requeridos por una autoridad judicial no podrán integrar el programa. Sin embargo, el mismo texto señala que la sanciones que no les permitirían a los posibles beneficiarios serían aquellas que sean “incompatibles con la participación y cumplimiento de los componentes del programa”.
El documento indica que, para sumarse a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, es necesario tener 29 años cumplidos al momento de inscribirse al programa y no ser beneficiario, a título personal, de subsidios expedidos por entidades del orden nacional o territorial.
La medida, que ha sido fuertemente criticada por parte de la oposición al Gobierno nacional, generó la reacción del representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, que definió la medida como un incentivo para que los jóvenes delincan. Además, señaló que bajo las políticas del presidente Petro, “ser delincuente paga”.
“12 millones de pesos al año le dará Petro a jóvenes delincuentes para que dejen de delinquir. Cómo quien dice; deja de matar y te doy plata publica. Algo así como una extorsión, la extorsión mas grande a manos del Estado y en cabeza de un guerrillero. Todo mientras jóvenes honestos tratan de salir adelante con sus emprendimientos y no cuentan con apoyos de microcréditos. Estos subsidios de Petro insentivarán aún más a la violencia. Con Petro ser delincuentes paga”, indicó Miguel Polo Polo a través de sus redes sociales.